LD (Pedro de Tena) La teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Cádiz, Mercedes Colombo, dijo que esta provincia han fallecido 103 personas que esperaban una prestación, lo que demuestra «el fracaso en la aplicación de esta ley». Por su parte, la teniente de alcalde del Ayuntamiento de Málaga, aseguró que de las 8.672 personas que hay reconocidas como grandes dependientes en Málaga, sólo unas mil perciben algún tipo de ayuda.
El PP, además, pidió triplicar la actual dotación presupuestaria para el desarrollo de esta ley, que asciende a 128 millones de euros. Con esta partida, afirman los populares, sólo se podría atender la demanda de tres provincias: Huelva, Cádiz y Málaga. Y nada para dependientes severos. La cifra que aportan los populares, sin embargo, es la que aparece recogida en los presupuestos de 2007, inferior a la contemplada en las cuentas de la comunidad en este ejercicio para la aplicación de esta norma y que ascienden a 270 millones.
Con todo, Sanz negó la veracidad de muchos de los datos que maneja la administración autonómica, para negar que los dependientes severos en grado dos, que, según la norma deben recibir ayudas desde el pasado uno de enero, estén disfrutando de algún tipo de prestación. Si las prestaciones para los grandes dependientes son «deficientes», aseguró el dirigente popular, para los severos son «inexistentes», al tiempo que afirmó que los casos que la Junta da por resueltos su página web son «falsos».
Las causas de estos retrasos y deficiencias en la aplicación de esta norma se debe, según el PP, a un cúmulo de razones que pasan, en primer lugar, por las precarias infraestructuras de servicios sociales que hay en Andalucía. Según el dirigente popular, Andalucía cuenta con sólo la mitad de dispositivos de equipamientos sociales y prestaciones que exige la ley, esto es, desde centros de día a a residencias para mayores. «Con esta situación es imposible el cumplimiento de la ley», aseguró. A ello hay que añadir, como denuncia este partido, que se están «produciendo bajas» entre los propios trabajadores sociales contratados para evaluar la dependencia porque «son claramente insuficientes los recursos». Ante esta situación, Antonio Sanz reclamó, de entrada, la comparecencia inmediata del Consejo de Gobierno en el Parlamento andaluz.
Recordaran que el pasado día 26 de mayo se supo que los discapacitados intelectuales menores de 16 años habían sido excluidos por la Junta de ayudas por dependencia. De hecho, la Junta de Andalucía ha limitado los recursos contemplados en la Ley de Dependencia a través de una directriz interna dirigida a los trabajadores encargados de otorgar las ayudas a las personas valoradas como dependientes. Según informa este martes el grupo Joly, una directriz de la Junta reduce las prestaciones de la Ley de Dependencia.
El PP, además, pidió triplicar la actual dotación presupuestaria para el desarrollo de esta ley, que asciende a 128 millones de euros. Con esta partida, afirman los populares, sólo se podría atender la demanda de tres provincias: Huelva, Cádiz y Málaga. Y nada para dependientes severos. La cifra que aportan los populares, sin embargo, es la que aparece recogida en los presupuestos de 2007, inferior a la contemplada en las cuentas de la comunidad en este ejercicio para la aplicación de esta norma y que ascienden a 270 millones.
Con todo, Sanz negó la veracidad de muchos de los datos que maneja la administración autonómica, para negar que los dependientes severos en grado dos, que, según la norma deben recibir ayudas desde el pasado uno de enero, estén disfrutando de algún tipo de prestación. Si las prestaciones para los grandes dependientes son «deficientes», aseguró el dirigente popular, para los severos son «inexistentes», al tiempo que afirmó que los casos que la Junta da por resueltos su página web son «falsos».
Las causas de estos retrasos y deficiencias en la aplicación de esta norma se debe, según el PP, a un cúmulo de razones que pasan, en primer lugar, por las precarias infraestructuras de servicios sociales que hay en Andalucía. Según el dirigente popular, Andalucía cuenta con sólo la mitad de dispositivos de equipamientos sociales y prestaciones que exige la ley, esto es, desde centros de día a a residencias para mayores. «Con esta situación es imposible el cumplimiento de la ley», aseguró. A ello hay que añadir, como denuncia este partido, que se están «produciendo bajas» entre los propios trabajadores sociales contratados para evaluar la dependencia porque «son claramente insuficientes los recursos». Ante esta situación, Antonio Sanz reclamó, de entrada, la comparecencia inmediata del Consejo de Gobierno en el Parlamento andaluz.
Recordaran que el pasado día 26 de mayo se supo que los discapacitados intelectuales menores de 16 años habían sido excluidos por la Junta de ayudas por dependencia. De hecho, la Junta de Andalucía ha limitado los recursos contemplados en la Ley de Dependencia a través de una directriz interna dirigida a los trabajadores encargados de otorgar las ayudas a las personas valoradas como dependientes. Según informa este martes el grupo Joly, una directriz de la Junta reduce las prestaciones de la Ley de Dependencia.
Una circular ordena que se deniegue el recurso de asistente personal a discapacitados intelectuales y menores de 16 años, cuando la Ley no los excluye. Los padres afectados anuncian medidas legales. Se trataba de un documento sin membrete ni sello oficial en el que se da instrucciones al personal para que deniegue el asistente (un recurso más de la ley, como la ayuda a domicilio o la plaza de residencia) a los menores de 16 años y a los discapacitados intelectuales. Esta restricción no aparece en ningún artículo de la Ley de Dependencia ni en la orden de la Junta de Andalucía del 3 de agosto de 2007 publicada en BOJA.