(Libertad Digital) Lago explicó a la directora general, durante un encuentro celebrado en Santiago que se prolongó más allá de una hora, los cuatro principios ideológicos de la asociación: que los territorios no tienen lengua, que las lenguas no tienen derechos, que en terminología jurídica sólo cabe hablar de lenguas oficiales o no oficiales, no propias o naturales, y que la conservación de un idioma o cualquier otro bien cultural está por debajo de los derechos individuales.
Asimismo, la dirigente de Galicia Bilingüe trasladó a López las más de setecientas denuncias de casos de discriminación lingüística que los ciudadanos hicieron llegar a esta entidad durante el último año. Estas quejas, si bien en una mayor parte, alrededor de la mitad, se refieren al Decreto que regula el uso del gallego en la enseñanza y en otro treinta por ciento, al trato de la Xunta a los administrados, reúnen una casuística enormemente variada y permiten deducir que el castellano ha sido prácticamente erradicado de la mayor parte de los organismos públicos.
La asunción, cada día más evidente, por parte de responsables del Partido Socialista, del mensaje identitario e impositivo nacionalista basado en la lengua también fue objeto de protesta por parte de Gloria Lago, que hizo entrega a Marisol López de una carta dirigida al presidente de la Xunta para que se avenga a expresar su rechazo público a las agresiones y amenazas que están sufriendo los directivos de la asociación, y le informó de los resultados de la encuesta encargada en su día por la entidad que demostró que el 80% de los padres secundan su derecho de elección del idioma docente en los centros educativos.
A pesar de estos y otros argumentos expuestos por Galicia Bilingüe, la directora general de Política Lingüística defendió la imposición lingüística en la enseñanza, negando la libertad de elección de la lengua vehicular que existe en todos los países democráticos con más de un idioma oficial. Sí admitió que prestará más atención a las actividades culturales que se desarrollan en los centros educativos para evitar que se alimente la discriminación por el uso del castellano.
Entre otras demandas, Lago solicitó la implantación de un bilingüismo real en la Administración, con señalizaciones, documentación y demás en las dos lenguas oficiales, y que se otorgue transparencia a los millones de euros que la Xunta dedica anualmente a la denominada normalización lingüística, sobre todo a través de asociaciones de claro corte político.