L D (Agencias) El Consejo de Gobierno vasco autorizó este martes la disposición de un crédito de 5.133.237 euros con el fin de atender los gastos que ocasionará el referéndum ilegal que el lehendakari, Juan José Ibarretxe, quiere celebrar el próximo 25 de octubre con el objetivo de "recabar la opinión ciudadana en la comunidad autónoma sobre la apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política".
Una vez aprobada la citada Ley por parte del Parlamento vasco, que lo hizo en un pleno monográfico el pasado 27 de junio, gracias al apoyo del PCTV, la franquicia electoral de ETA, y ante la falta de previsión de la partida presupuestaria correspondiente en los Presupuestos Generales del ejercicio 2008, el departamento vasco de Interior solicitó que se realice una modificación presupuestaria para dar cobertura a todos los gastos derivados de la celebración del referéndum ilegal.
Los gastos que conllevará la consulta están recogidos en la memoria económica de la ley y se dividen en tres grandes apartados. El primero serían los gastos de personal y de funcionamiento de la administración electoral, que suma 2.421.000 euros. Sería el pago de las dietas y gratificaciones a los miembros de las juntas electorales, mesas, personal de los ayuntamientos, etcétera, es decir, toda la administración electoral.
La segunda gran partida sería para las subvenciones recogidas por la Ley Electoral vasca a los partidos políticos para hacer campaña, que en total ascenderían en este caso a 2.412.273 euros.
Las subvenciones las daría el Gobierno Vasco a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Vitoria, para hacer frente a los gastos de los quince días de campaña para la consulta. Este dinero se calcula en función de los escaños obtenidos en las elecciones al Parlamento Vasco de 2005 (4.800 euros por escaño), los 0,16 euros por cada voto logrado por cada candidatura y otros ocho mil por cada circunscripción electoral, o provincia, por la que se obtuvo al menos un parlamentario vasco.
En tercer lugar, el proyecto prevé un desembolso de 300.000 euros para la fabricación y distribución de toda la documentación electoral, es decir, las papeletas, los sobres y las actas de la consulta ilegal.
En caso de celebrarse, saldría más cara aún que los citados 5,1 millones, ya que es la práctica habitual que en las elecciones en el País Vasco la Administración del Estado ceda el uso de cabinas y urnas. Como el Gobierno se ha opuesto al referéndum ilegal, el proyecto recoge la posibilidad de que haya que fabricar tres mil urnas, que costarían 99.170 euros, y otras tres mil cabinas, que costarían 297.500 euros, es decir, casi 400.000 euros más en total.
Preguntada por la fecha en la que el Boletín Oficial del País Vasco publicará la Ley de Consulta, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia indicó que se publicará "cuando corresponda". Una vez que aparezca en el Boletín, el Gobierno central recurrirá la ley. En cuanto al destino de estas partidas en el caso probable de que se suspenda la ley por la presentación del citado recurso, la vicelehendakari no lo aclaró y ha recordó que "suspender una ley es dejarla en suspenso, no supone que decaiga".
Asimismo, también a preguntas de los medios, indicó que el PSE, partido que apoyó los presupuestos del 2008 para que saliesen adelante, conocía que el Gobierno Vasco habilitaría partidas presupuestarias para la celebración de una consulta ilegal si ésta era autorizada por ley.
Una vez aprobada la citada Ley por parte del Parlamento vasco, que lo hizo en un pleno monográfico el pasado 27 de junio, gracias al apoyo del PCTV, la franquicia electoral de ETA, y ante la falta de previsión de la partida presupuestaria correspondiente en los Presupuestos Generales del ejercicio 2008, el departamento vasco de Interior solicitó que se realice una modificación presupuestaria para dar cobertura a todos los gastos derivados de la celebración del referéndum ilegal.
Los gastos que conllevará la consulta están recogidos en la memoria económica de la ley y se dividen en tres grandes apartados. El primero serían los gastos de personal y de funcionamiento de la administración electoral, que suma 2.421.000 euros. Sería el pago de las dietas y gratificaciones a los miembros de las juntas electorales, mesas, personal de los ayuntamientos, etcétera, es decir, toda la administración electoral.
La segunda gran partida sería para las subvenciones recogidas por la Ley Electoral vasca a los partidos políticos para hacer campaña, que en total ascenderían en este caso a 2.412.273 euros.
Las subvenciones las daría el Gobierno Vasco a los grupos políticos con representación en el Parlamento de Vitoria, para hacer frente a los gastos de los quince días de campaña para la consulta. Este dinero se calcula en función de los escaños obtenidos en las elecciones al Parlamento Vasco de 2005 (4.800 euros por escaño), los 0,16 euros por cada voto logrado por cada candidatura y otros ocho mil por cada circunscripción electoral, o provincia, por la que se obtuvo al menos un parlamentario vasco.
En tercer lugar, el proyecto prevé un desembolso de 300.000 euros para la fabricación y distribución de toda la documentación electoral, es decir, las papeletas, los sobres y las actas de la consulta ilegal.
En caso de celebrarse, saldría más cara aún que los citados 5,1 millones, ya que es la práctica habitual que en las elecciones en el País Vasco la Administración del Estado ceda el uso de cabinas y urnas. Como el Gobierno se ha opuesto al referéndum ilegal, el proyecto recoge la posibilidad de que haya que fabricar tres mil urnas, que costarían 99.170 euros, y otras tres mil cabinas, que costarían 297.500 euros, es decir, casi 400.000 euros más en total.
Preguntada por la fecha en la que el Boletín Oficial del País Vasco publicará la Ley de Consulta, la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia indicó que se publicará "cuando corresponda". Una vez que aparezca en el Boletín, el Gobierno central recurrirá la ley. En cuanto al destino de estas partidas en el caso probable de que se suspenda la ley por la presentación del citado recurso, la vicelehendakari no lo aclaró y ha recordó que "suspender una ley es dejarla en suspenso, no supone que decaiga".
Asimismo, también a preguntas de los medios, indicó que el PSE, partido que apoyó los presupuestos del 2008 para que saliesen adelante, conocía que el Gobierno Vasco habilitaría partidas presupuestarias para la celebración de una consulta ilegal si ésta era autorizada por ley.