LD (Europa Press) Así lo anunció en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el vicepresidente primero y portavoz regional, Ignacio González, quien explicó que el decálogo incide en la necesidad de que el nuevo modelo de financiación tenga en cuenta un conjunto de principios "solidarios", a fin de que la "interpretación de los Estatutos" no suponga para ninguna autonomía "ningún privilegio económico ni social".
González, que mostró la disposición de la Comunidad de Madrid a consensuar la reforma del sistema de financiación, precisó que el texto también reclama alcanzar un modelo que tenga en cuenta el "criterio irrenunciable" de aumento de población, que en Madrid se ha incrementado en casi un millón de personas desde 1999, rebasando en la actualidad los seis millones de habitantes.
A juicio del vicepresidente primero, el actual modelo se "olvida" de un millón de madrileños que utilizan los recursos públicos que se ponen a su disposición, como Sanidad, Educación o Servicios Sociales.
Rechazo a la creación de agencia tributarias
Igualmente, el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre expresa en ese decálogo su rechazo "más absoluto" a la creación de agencias tributarias en cada comunidad autónoma porque considera que un sistema con 17 agencias distintas generaría una "descoordinación" en el propio sistema tributario.
Sin embargo, defiende la búsqueda de fórmulas que mejoren la colaboración entre el Estado y las comunidades autónomas basadas en la distribución actual de competencias de la Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. "Lo contrario supondría el caos", puntualizó González.
Reforma respetuosa con la Constitución
El primer punto del decálogo señala que el nuevo del sistema de financiación debe ser plenamente respetuoso con la Constitución y con los principios esenciales que se desprenden de ella, especialmente los de suficiencia financiera, autonomía, igualdad y no discriminación. En este sentido, "la interpretación que se haga de los vigentes Estatutos no puede suponer privilegios económicos y sociales para ninguna Comunidad Autónoma", detalla este primer punto.
A continuación, se indica que la reforma que se proponga habrá de debatirse y consensuarse en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, órgano establecido por la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas) para la coordinación financiera entre el Estado y las comunidades autónomas.
"Esta es la mejor garantía de que el proceso de reforma se hace de manera transparente y ecuánime", añade el texto y, en este sentido, el Gobierno madrileño defiende que el sistema de financiación se apruebe por unanimidad por el Estado y las comunidades autónomas "igual que ocurrió con el modelo aprobado en 2002".
Además, se considera que el Estado debe incorporar los recursos económicos de la Atención a la Dependencia al nuevo sistema de financiación, como exigencia del principio de generalidad de ésta y para dotar a la dependencia de la transparencia necesaria en su financiación.
El decálogo sitúa como cuarto punto que la financiación que se establezca debe ser "suficiente" para cubrir las necesidades de gasto actuales de las comunidades autónomas. En ese sentido, la población debe ser un elemento esencial de la determinación de los recursos de las autonomías puesto que son los ciudadanos, como usuarios de los servicios públicos, los que condicionan el volumen de gasto público regional.
Así, el Ejecutivo regional cree que es "irrenunciable" que el nuevo sistema contemple adecuadamente los algo más de seis millones de habitantes que actualmente residen en su territorio para que reciban un nivel adecuado de servicios públicos.
También estima que el nuevo modelo debe ser solidario, de manera que siga garantizando a las comunidades autónomas la financiación necesaria para atender los servicios públicos transferidos del Estado, "con independencia de su capacidad fiscal".
"Sistema justo"
En sexto lugar, la Comunidad de Madrid defiende que el resultado del nuevo sistema debe ser "justo", lo que implica que la financiación por habitante de las comunidades autónomas debe situarse en una banda de fluctuación estrecha. De este modo, no entiende "razonable" que en un país como España para financiar los mismos servicios públicos "haya unas diferencias tan elevadas en los recursos per cápita de las diferentes regiones".
A su vez, se explica que el sistema debe contemplar los mecanismos de "suficiencia dinámica" para garantizar a las comunidades autónomas los recursos necesarios para prestar los servicios públicos a lo largo del tiempo. Este principio supone, por un lado, un adecuado diseño de los mecanismos financieros cedidos, cuya dinámica sea similar a la de los gastos regionales, y por otro lado, el diseño de mecanismos que permitan analizar y, en su caso, actualizar las necesidades de gasto autonómicas.
Lealtad institucional
El decálogo recoge la necesidad de dar cumplimiento efectivo al principio de lealtad institucional contemplado en la LOFCA, de tal manera que el Estado compense financieramente a las comunidades autónomas por las mayores obligaciones de gasto o los menores ingresos que les ocasione como consecuencia de su actividad legisladora.
El penúltimo punto indica que debe avanzarse en el nivel de autonomía financiera y de corresponsabilidad fiscal concedido a las comunidades autónomas, a través de la ampliación de los porcentajes de cesión del IRPF y el IVA, esencialmente, y de la concesión de mayores facultades normativas. Este aspecto debe ir acompañado, necesariamente, de una mejora de la transparencia y el intercambio de información tributaria entre el Estado y las autonomías.