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López califica de "aberrante y odioso" que el Gobierno influya en el Poder Judicial

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, dijo este lunes que el órgano de gobierno de los jueces "ya estaría renovado" si los integrantes de la carrera judicial eligieran a todos sus miembros y se eliminara el modelo de designación vigente en la actualidad, que atribuye a las Cortes la potestad de elegir a los 20 vocales que lo forman. López calificó de "aberrante y odioso" que el Gobierno participe en las funciones propias del Poder Judicial.

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, dijo este lunes que el órgano de gobierno de los jueces "ya estaría renovado" si los integrantes de la carrera judicial eligieran a todos sus miembros y se eliminara el modelo de designación vigente en la actualidad, que atribuye a las Cortes la potestad de elegir a los 20 vocales que lo forman. López calificó de "aberrante y odioso" que el Gobierno participe en las funciones propias del Poder Judicial.
L D (Europa Press) López, que expuso esta idea en un seminario sobre la modernización de la Justicia organizado en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), defendió que la elección por parte de los jueces de sus propios órganos de gobierno constituye "el modelo que mejor preserva a la carrera judicial de los intereses políticos" porque, según indicó, "lograr que los políticos no actúen con lógica política es un imposible". "Es como decirle al juez que actúe sin lógica judicial", apostilló.
 
Como ejemplo del "fuerte grado de politización" del actual sistema de designación, apuntó que la renovación de este órgano será "objeto central" de la primera reunión tras las elecciones que mantendrán el próximo 23 de julio el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la oposición, Mariano Rajoy.
 
López, que comparó el actual sistema de nombramientos con la eventualidad de que los clubes de fútbol propusieran a los árbitros "en función de sus éxitos", defendió que el sistema de elección directo por parte de los magistrados ya existe en Italia, Francia o Bélgica y permite evitar que los vocales tengan "el marchamo" de haber sido designados "a propuesta" de un partido político.
 
El representante del Consejo argumentó que este modelo permitiría garantizar la actuación del Poder Judicial "al margen de la oportunidad del Gobierno de turno". "El Gobierno persigue su preservación y nosotros no tenemos ese anhelo porque somos irreelegibles, lo hagamos bien o mal -dijo--. Este mes, cuando haya acuerdo, o en septiembre, me darán una medalla, no sé si de primera o de segunda clase, y me iré. Me iré a casa con mi medalla".
 
Durante su intervención en el seminario 'La Justicia en el siglo XXI. Las reformas necesarias', López definió como "aberrante y odioso" que el Ejecutivo pueda participar en funciones propias del Poder Judicial como el ingreso en la carrera judicial, los ascensos, la formación, la inspección de los tribunales o el régimen disciplinario.
 
Como ejemplos de "judicialización de la vida política", destacó que "la mayor operación económica de la pasada legislatura", en referencia a la OPA de Gas Natural sobre Endesa, acabó "siendo resuelta" por la Sala Tercera del Tribunal Supremo y que el Tribunal Constitucional tendrá que determinar próximamente la vigencia del Estatuto de Autonomía de Cataluña y, por tanto, del "modelo de estado". En ambos casos, apuntó que "los políticos fallaron" y trasladaron estos asuntos al "campo judicial".
 
El portavoz del Consejo también apostó por acometer la "renovación parcial" del CGPJ en el momento en que cualquiera de sus vocales cese en su mandato. En este sentido, indicó que, si esta norma se hubiera aplicado a los casos de "fallecimiento o de paso, para su fortuna, a la política", ahora no sería necesaria la renovación simultánea de sus 20 miembros. De esta forma, "el bocado político sería menor", argumentó.
 
López también se manifestó reacio a la creación de consejos de justicia autonómicos que trasladen el órgano de gobierno de los jueces a las 17 autonomías, al entender que esta medida no contribuiría a "acercar la Justicia a los ciudadanos, sino al poder político autonómico, que obtendría un cierto grado de influencia".

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