L D (Agencias) Jueces para la Democracia ha lanzado duros reproches al Consejo General del Poder Judicial por su "insoportable silencio" tras las concentraciones de protesta a las puertas del Juzgado de lo Penal número 4 de Sevilla, cuyo titular, Rafael Tirado, ha sido expedientado por la posible comisión de una falta de desatención a la hora de ejecutar una sentencia por abuso de menores contra Santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortes.
A juicio de la asociación de jueces próxima al PSOE, el CGPJ ha eludido sus obligaciones constitucionales y "permanece inerme ante los continuos ataques a la independencia judicial y sin que siquiera trate de introducir criterios racionales en el crispado debate público sobre este suceso y otros semejantes". No dice nada del hecho de que una negligencia judicial le haya costado la vida a una niña de cinco años ni, por supuesto, del derecho del padre y de toda la sociedad a pedir explicaciones.
Los magistrados de JpD consideran que la función del CGPJ es "conciliar las exigencias de los ciudadanos de una justicia transparente, eficaz y responsable, con la defensa de la independencia del Poder Judicial". Nada dicen del derecho de los ciudadanos a una justicia rápida y eficaz y responsable. Por ello, le exige que "cumpla con sus obligaciones institucionales, siendo vanguardia de la defensa de la independencia judicial y a su vez realice labor pública explicativa de su compromiso con una Administración de Justicia eficaz y responsable".
En los últimos días, con ocasión de una manifestación promovida por familiares de la niña ante los juzgados de Sevilla, se han reproducido las manifestaciones de cargos políticos que han supuesto, a juicio de JpD, "una desconsideración al respeto institucional y, sobre todo de lo que supone la independencia judicial en el entramado constitucional".