L D (Agencias) Efectivos de la Guardia Civil se desplazaron este martes por orden del juez Baltasar Garzón a las instalaciones que la empresa de construcción Amenabar posee en Zarauz (Guipúzcoa) para requerir que aporte documentación a una investigación, según informaron a Efe y Europa Press fuentes de la investigación.
La actuación de la Guardia Civil, que no es propiamente un registro, responde a un "requerimiento judicial" por parte de Garzón para que dicha empresa aporte una serie de documentos a una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y que podría estar relacionada con el pago de la extorsión de ETA.
Varias dotaciones del instituto armado acudieron a las dependencias de Amenabar –cuya sede en Zarauz fue recientemente objeto de un atentado de ETA– en tres coches oficiales y en otros automóviles camuflados para recabar esta información.
Se da la circunstancia de que el pasado 1 de junio ETA colocó una bomba en las oficinas de esta empresa que causó tres heridos leves y ocasionó daños la fachada del inmueble, mientras que el 12 mayo la organización terrorista ETA hizo explotar otros dos artefactos en sendas excavadoras que la misma constructora, concesionaria de las obras del Tren de Alta Velocidad, tenía en Hernani (Guipúzcoa)
Por otra parte, el juez Baltasar Garzón ya ordenó el pasado 2 de julio registro del domicilio del empresario Jesús Guibert, de la compañía Laminados de Hierro Marcial Ucín, en relación con el pago del denominado "impuesto revolucionario" de ETA. Tan sólo un día antes había sido registrado el domicilio bilbaíno del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, que llegó a estar detenido unas horas por la Guardia Civil antes de quedar en libertad.
Estas dos actuaciones policiales estaban relacionadas con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, "Thierry", detenido en la localidad francesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.
Ya el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.
La actuación de la Guardia Civil, que no es propiamente un registro, responde a un "requerimiento judicial" por parte de Garzón para que dicha empresa aporte una serie de documentos a una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario y que podría estar relacionada con el pago de la extorsión de ETA.
Varias dotaciones del instituto armado acudieron a las dependencias de Amenabar –cuya sede en Zarauz fue recientemente objeto de un atentado de ETA– en tres coches oficiales y en otros automóviles camuflados para recabar esta información.
Se da la circunstancia de que el pasado 1 de junio ETA colocó una bomba en las oficinas de esta empresa que causó tres heridos leves y ocasionó daños la fachada del inmueble, mientras que el 12 mayo la organización terrorista ETA hizo explotar otros dos artefactos en sendas excavadoras que la misma constructora, concesionaria de las obras del Tren de Alta Velocidad, tenía en Hernani (Guipúzcoa)
Por otra parte, el juez Baltasar Garzón ya ordenó el pasado 2 de julio registro del domicilio del empresario Jesús Guibert, de la compañía Laminados de Hierro Marcial Ucín, en relación con el pago del denominado "impuesto revolucionario" de ETA. Tan sólo un día antes había sido registrado el domicilio bilbaíno del consejero delegado de Sidenor, José Antonio Jainaga, que llegó a estar detenido unas horas por la Guardia Civil antes de quedar en libertad.
Estas dos actuaciones policiales estaban relacionadas con la documentación intervenida al considerado máximo dirigente del aparato político de ETA, Francisco Javier López Peña, "Thierry", detenido en la localidad francesa de Burdeos el pasado 20 de mayo.
Ya el pasado 12 de junio, y a raíz también del análisis de los documentos intervenidos en esa operación policial, Garzón ordenó el ingreso en prisión incondicional de dos hermanas empresarias detenidas el día anterior en Orio (Guipúzcoa), María Isabel y Blanca Rosa Bruño Azpiroz, a las que acusó de colaborar con ETA y de haber pagado 6.000 euros de forma voluntaria a la banda.