(Libertad Digital) Según informó este lunes el diario La Vanguardia, “sea cual sea la redacción final del fallo, quedará claro que la Generalidad no puede sustraerse al sistema general pactado con todas las autonomías” en el marco de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).
De esta forma, es muy probable que el Estatuto, como ley orgánica aprobada por las Cortes, quede equiparado a esta norma, pero no podrá tener preeminencia sobre ella. Cataluña, a través de sus instituciones y fuerzas políticas, siempre podrá tener una relación bilateral con el Gobierno para negociar su financiación, pero al final también será en todo caso imprescindible el acuerdo general.
De esta forma, es muy probable que el Estatuto, como ley orgánica aprobada por las Cortes, quede equiparado a esta norma, pero no podrá tener preeminencia sobre ella. Cataluña, a través de sus instituciones y fuerzas políticas, siempre podrá tener una relación bilateral con el Gobierno para negociar su financiación, pero al final también será en todo caso imprescindible el acuerdo general.
El Tribunal Constitucional no quiere que haya comunidades que escapen a ese esquema general y que engrosen el sistema foral del País Vasco y Navarra. La sentencia dejará claro que Cataluña no va tener un sistema de financiación equiparable a los citados terrritorios forales, ni en el fondo ni en la forma.
Por tanto, la región “podrá redimensionar su solidaridad con el resto de España, aunque no dejar de ser una comunidad con déficit fiscal”, del mismo modo que Madrid o Baleares. El Gobierno no puede permitirse acuerdos específicos inconstitucionales que violen los mecanismos de solidaridad -tal como establece el Estatuto- sobre todo ante la perspectiva de la pérdida de importantes fondos europeos y la crisis económica.
Solbes se enfrenta a Montilla
Frente al argumento del presidente catalán, José Montilla, de que los preceptos del Estatuto catalán obligan también al Gobierno, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, esgrime la necesidad de aplicar la Constitución, como norma suprema.
"La Constitución, que también está en vigor y hay que aplicarla, dice que corresponde al Estado garantizar la financiación para todas las comunidades de las competencias transferidas", explicó Solbes el pasado miércoles. "Debemos buscar una fórmula que nos permita, respetando que la compensación de servicios básicos [del Estatuto catalán] se cumpla, que también se cumpla nuestra obligación constitucional, es así de simple", agregó el vicepresidente.
A cinco días del plazo fijado por el Estatuto de Cataluña (9 de agosto), el acuerdo sobre las bases del nuevo modelo de financiación autonómica está muy lejos. Y es que las posiciones de la Generalidad y del Gobierno central sobre el alcance de la solidaridad entre comunidades, el principal caballo de batalla, siguen siendo muy distantes.
Simple, pero muy difícil, a tenor de cómo se han desarrollado las negociaciones hasta ahora. La Generalidad catalana quiere que los fondos para compensar la desigualdad de ingresos entre las comunidades y para garantizar así un mismo nivel de prestación de servicios se limiten a sanidad, educación y servicios sociales.
La posición del Gobierno sobre la solidaridad del sistema es mucho más amplia. En la propuesta que presentó hace dos semanas, el Ministerio de Economía señalaba que el nuevo sistema garantizará, como demanda el Estatuto catalán, los recursos para que la prestación de la sanidad, educación y los servicios sociales "sea igual para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia".
El PSC se radicaliza
Mientras, la formación de Montilla se aleja cada día más de lo que se entiende por partido nacional. El portavoz del PSC, Miquel Iceta, cree que un fracaso en la negociación provocaría en Cataluña un peligro "de radicalización muy grande", además de abrirse "la perspectiva del concierto económico", un sistema que él rechaza. "No es que amenace. Digo lo que pasará. Cuando fracasan las reformas, acaban viniendo las revoluciones", declaró a Europa Press.
Iceta aseguró que el PSC no está para hacer caer el Gobierno de Zapatero, aunque no precisó la actitud del partido ante los Presupuestos si fracasan las negociaciones. "No contemplamos una ruptura entre el PSC y el PSOE. ¿Es descartable? Mire, no me haga decir una cosa que no sé", indicó
Iceta se mostró comprensivo con Solbes porque tiene que conciliar intereses muy contrapuestos. El portavoz aseguró que de no conseguirse un buen acuerdo, la Generalidad no lo suscribiría. Por su parte, el consejero de Interior de Cataluña, Joan Saura (ICV), insistió a Efe en este idea. Y añadió: "Aquello que es malo para Cataluña también lo es para otras comunidades". Saura cree que habrá acuerdo.