L D (Europa Press) De este encuentro, se espera que el tripartito y CiU acuerden los pasos que hay que seguir a partir de ahora en la reivindicación de un nuevo sistema de financiación que de cumplimiento al Estatuto. Este calendario podría pasar por mostrar en las próximas semanas una actitud "unitaria" en la cuestión, algo que se visualizaría en una propuesta común de financiación para Cataluña redactada a lo largo del mes de agosto por el Gobierno catalán y CiU, y que se presentaría a finales de mes o a principios de septiembre, coincidiendo con el nuevo curso político.
Concretamente, este encuentro se celebra en la sede de la consejería de Economía y Finanzas, en Barcelona, y reúne al consejero del ramo, Antoni Castells, los tres representantes del Gobierno catalán en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalidad y los diputados de CiU en el Parlamento que llevan los asuntos económicos. Por contra, no participan en el evento los principales dirigentes de los partidos que se reúnen: el primer secretario del PSC y presidente de la Generalidad, José Montilla; el líder de CiU, Artur Mas; el vicepresidente del Gobierno catalán, Josep Lluís Carod-Rovira (ERC), y el presidente de ICV y consejero de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura.
Así, por parte del Gobierno catalán, además del consejero Castells, están los secretarios generales Martí Carnisser (Economía), Joan Boada (Interior) y Antoni Soy (Industria y Empresa). Por parte de CiU, los asistentes son Francesc Homs, Antoni Fernández Teixidó y Antoni Castellà.
9 de agosto, fecha límite no cumplida
La Generalidad el Estado llegan el sábado 9 de agosto, sin haber cerrado ningún acuerdo en cuanto a financiación autonómica. En su disposición final primera, el Estatuto establece que la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalidad tiene que concretar "en un plazo de dos años a partir de la entrada en vigor de este Estatut" el título de financiación, cuyos preceptos "se pueden aplicar de manera gradual" en un plazo de cinco años. El Estatuto entró en vigor el 9 de agosto de 2006, con lo cual dicho plazo expira esta medianoche.
Desde el Gobierno central y el PSOE, emplazan a otoño para consensuar la financiación autonómica, y aseguran que las bases que presentó el vicepresidente segundo y ministro de Economía, Pedro Solbes, a mediados de julio, cumplen con el modelo financiero del Estatuto.
Todo lo contrario opinan desde el Gobierno catalán y CiU, que han optado por hacer un frente común en la materia, que se visualizará en la reunión. Así, se quiere escenificar su rechazo al incumplimiento del Estatuto, texto refrendado en junio de 2006 por los catalanes en referéndum, y que entró en vigor el 9 de agosto de ese mismo año.
En este sentido, el presidente de la Generalidad, José Montilla, aseguró (el día antes de la fecha tope), que la propuesta de Solbes es "infraestatutaria" e hizo una defensa firme del Estatut, destacando que todo su articulado, también el título de financiación autonómica, es totalmente "constitucional".
"No se puede decir que se quiere cumplir un plazo legal presentando una propuesta incompleta que no se ajusta a los principios de la misma Ley", declaró Montilla, quien responsabilizó al Gobierno central, que preside José Luis Rodríguez Zapatero, del "incumplimiento" del título de financiación del Estatut, ya que, aseguró, "la responsabilidad es de quien ha presentado la propuesta".
Mientras, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, eludió polemizar con Montilla, y afirmó que con voluntad de diálogo y lealtad podrá alcanzarse tras el verano un acuerdo en la materia.
Negocación "bilateral"
El Estatuto establece un modelo de financiación propio para Cataluña, que debe consensuarse de forma "bilateral" entre el Estado y la Generalidad en el marco de la Comisión Mixta, aunque ello no significa que posteriormente este acuerdo pueda extrapolarse al resto de comunidades autónomas de régimen general (todas salvo País Vasco y Navarra).
Según esta ley orgánica, "la financiación de la Generalitat se rige por los principios de autonomía financiera, coordinación, solidaridad y transparencia", y también por "los principios de suficiencia de recursos, responsabilidad fiscal, equidad y lealtad institucional" entre el Estado y la administración catalana.
El Estatuto concreta que la financiación de la Generalidad "no tiene que comportar efectos discriminatorios" para Cataluña en relación a otras autonomías. Entre los aspectos que más polémica han suscitado durante las últimas semanas sobre el Estatuto, destaca el artículo 206, que establece que el Estado tiene que garantizar "la nivelación y la solidaridad" entre las comunidades autónomas, para que la educación, la sanidad y otros servicios sociales "esenciales" tengan los mismos niveles de calidad en todo el Estado.
También establece que la "población" es la "variable básica para determinar las necesidades de gasto" de la Generalidad, y que "el Estado debe garantizar que la aplicación de los mecanismos de nivelación no altere en ningún caso la posición de Cataluña en la ordenación de rentas por cápita entre las autonomías antes de la nivelación".