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Moncloa incumple su promesa y retrasa las reformas para impulsar el alquiler de vivienda

El presidente del Gobierno ha vuelto a incumplir su palabra. A pesar de anunciar a bombo y platillo -a comienzos del pasado julio- que el Ejecutivo iba a poner en marcha la reforma de la Ley de Enjuciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos para impulsar el mercado del alquiler antes de agosto, la realidad es que habrá que esperar unas semanas más para que el Consejo de Ministros reciba el anteproyecto legislativo y sea analizado por el Consejo General del Poder Judicial.

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El presidente del Gobierno ha vuelto a incumplir su palabra. A pesar de anunciar a bombo y platillo -a comienzos del pasado julio- que el Ejecutivo iba a poner en marcha la reforma de la Ley de Enjuciamiento Civil y la Ley de Arrendamientos Urbanos para impulsar el mercado del alquiler antes de agosto, la realidad es que habrá que esperar unas semanas más para que el Consejo de Ministros reciba el anteproyecto legislativo y sea analizado por el Consejo General del Poder Judicial.
LD (Lorenzo Ramírez) El pasado 4 de julio, José Luis Rodríguez Zapatero prometió que la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos –cuyo principal objetivo es agilizar los desahucios de inquilinos por impago- sería enviada al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) antes de que finalizara el mes.
 
Previamente, el informe sobre el anteproyecto de ley tenía que haber sido analizado en Consejo de Ministros, en la reunión del pasado 24 de julio. Ni el órgano judicial ha recibido el texto, ni los ministros han evaluado la iniciativa legislativa.
 
Fuentes del CGPJ confirmaron este lunes a LD que el Gobierno no les ha mandado los documentos elaborados por los técnicos del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Vivienda. De hecho, descartaron que puedan recibir el texto en los próximos días, ya que "agosto es un mes dífícil".
 
Seguridad jurídica
 
Según explicó la titular de Vivienda, Beatriz Corredor, días antes de cumplirse el plazo al que se comprometió Zapatero, que las reformas pretenden “reforzar la seguridad jurídica de los propietarios de inmuebles para que se animen a poner en el mercado sus vivienda vacías”.
 
De esta forma, indicó la ministra, “se agilizarán los desahucios y la reclamación de rentas impagadas para acortar los tiempos en la resolución de conflictos entre arrendatario y arrendador”. El Gobierno defiende que si logra aumentar el parque inmobiliario de alquiler, la ley de oferta y demanda provocará una reducción de los precios. Según el INE, existen más de 3,1 millones de pisos vacíos en España.
 
No al "alquiler forzoso"
 
Para aumentar la oferta de vivienda, Corredor rechaza implantar la figura del alquiler forzoso como sucede en el País Vasco y Cataluña. En ambas comunidades, la administración autonómica puede sancionar y, en último término, expropiar, a los titulares de viviendas vacías.
 
“Penalizar a los propietarios no entra en nuestros planes y, además, las medidas que se han tomado en este sentido no han logrado aumentar la oferta de viviendas en alquiler”, considera la ministra.
 
Y es que en España alquilar sale caro. Esta afirmación está instaurada en la conciencia colectiva de la población. El argumento es sencillo: las condiciones de financiación y las deducciones fiscales a la compra hacen que el arrendamiento sea una opción más cara que la propia adquisición.
 
Por lo menos así era hasta la escalada del Euribor –tipo al que se referencian la mayoría de las hipotecas en España-, ya que ahora es más difícil obtener créditos atractivos.
 
Pero, a pesar de estas dificultades, los propietarios siguen teniendo miedo de alquilar sus inmuebles. En España, una persona puede estar viviendo gratis, sin pagar un euro a su casero, durante, al menos, doce meses, que es el periodo medio que tarda la Administración de Justicia en dictar una orden de desahucio.
 
Al amparo de esta laguna legal, muchas familias han hecho de esta práctica una profesión, trasladándose de un inmueble a otro y abonando solamente las fianzas de entrada en el piso.
 
El arbitraje acude al rescate
 
Ante la lentitud del Gobierno, el arbitraje ha acudido para solventar el problema, aunque lo ideal sería poner en marcha los juzgados especiales que prevé la ley para este tipo de menesteres.
 
La escasa eficacia de las reformas introducidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil del año 2003 se debe tanto a una falta de voluntad política, que se manifestó en la escasa dotación presupuestaria, como a una falta de ambición de los legisladores, que introdujo reformas acertadas pero insuficientes.
 
Cinco años después de las citadas reformas, aún no se han puesto en funcionamiento las oficinas de señalamiento inmediato (OSI). La existencia de estas oficinas habría ayudado a reducir notablemente los plazos actuales de registro de las demandas, señalamiento de vistas y comparecencias y actuaciones en los procedimientos de desahucio, atacando de raíz una de los principales causas del deficiente funcionamiento de este tipo de procesos.
 
Experimentos de Bermejo en Murcia
 
De momento, el Ministerio de Justicia ha puesto en marcha un “proyecto-piloto” en Murcia: la Unidad de Subastas Judiciales y de Desahucios, cuyo objetivo es garantizar la trasparencia de este tipo de transacciones, en el caso de las subastas, y el cumplimiento más rápido y eficaz de las resoluciones judiciales en el caso de los desahucios.
 
Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) no dejan lugar a dudas sobre la importancia del fenómeno. Al cierre del pasado año, el 93 por ciento de las demandas presentadas por propietarios de inmuebles alquilados a inquilinos morosos dieron la razón en las sentencias correspondientes al arrendador.
 
Es decir, que las denuncias por impago tienen suficiente base jurídica y no se tratan de abusos de poder por parte del propietario de la vivienda sobre su arrendado. El pasado año, el porcentaje de sentencias a favor de los propetarios era del 90,2 por ciento, lo que supone casi tres puntos menos que las cifras aportadas por el INE al cierre de 2007.
 
Contratos demasiado largos
 
Así, la Asociación Europea de Arbitraje Derecho y Equidad (AEADE) considera que las sentencias judiciales podrían reducirse a la mitad con una reforma normativa que flexibilice los sistemas de notificaciones y comunicaciones, y que apueste por la mediación arbitral para sacar adelante los expedientes.
 
En cuanto a  la Ley de Arrendamientos Urbanos, la mayor preocupación de los propietarios es la duración mínima de los contratos, que asciende a cinco años. Los expertos coinciden en manifestar la necesidad de que cualquier medida que se tome sea aplicable a la totalidad del territorio nacional, para salvaguardar la seguridad jurídica y la igual de derechos de los ciudadanos.

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