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Sin embargo, la vicepresidenta aseguró que "el objetivo" del Ejecutivo en esta materia no ha variado y dijo que éste es que la inmigración se produzca de una forma "legal y ordenada". Subrayó la relación que existe entre el mercado laboral y la inmigración "legal y ordenada" y precisó que uno de los instrumentos fundamentales para conseguirlo son los acuerdos de cooperación con los países "emisores" para regular los flujos migratorios.
"Vamos a seguir profundizando en esa línea", aseveró la vicepresidenta, quien aseguró que el Gobierno ha buscado "siempre" el equilibrio entre la contratación en origen y las necesidades de la economía y del mercado de trabajo español.
De la Vega señaló además que las comunidades, los ayuntamientos y los agentes sociales son los encargados de fijar las necesidades del mercado de trabajo y dijo que "esa es la posición del Gobierno y la que el ministro intentó explicar hace dos días".
"Mantenemos exactamente la misma política de inmigración", dijo la vicepresidenta, y aclaró que habrá "las contrataciones en origen que se necesiten".
Por ello, el grupo parlamentario de ERC-IU-ICV ha requerido su comparecencia en la Comisión de Trabajo del Congreso, tras constatar que es "cada menos ministro de inmigración y cada vez más ministro de extranjería y propagandista de la xenofobia en nuestro país".
En una rueda de prensa en el Congreso, Llamazares arremetió contra el titular de Trabajo e Inmigración porque, a su juicio, se ha dedicado a "culpabilizar a los inmigrantes de la crisis" y ha hecho declaraciones "xenófobas" que le acercan a los "dirigentes duros de la derecha europea".
Las cifras avalan su importancia, ya que España es el primer productor de la Unión Europea (UE) en frutas y hortalizas, que representan el 34 por ciento de la producción agrícola nacional y generan una facturación anual de unos 14.500 millones de euros.
Andalucía y Murcia figuran entre las regiones de la UE donde esta producción tiene una importancia económica mayor dentro de su economía, aunque también es prioritaria para la agricultura de la Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares.
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