(Libertad Digital) El diario de Prisa anunció este domingo a toda página que entra en los planes del Gobierno regular la eutanasia esta legislatura. La noticia llega cuando todavía dura la polémica sobre los cambios en la Ley del Aborto y la inusitada decisión judicial de Garzón, los dos asuntos sobre los que giró el discurso de Zapatero de este sábado en Madrid. Con una comparecencia en el Congreso sobre la situación económica a la vista, parece claro que la intención del Ejecutivo es acelerar en tiempos de crisis los planes que ya anunciaron los socialistas en el último congreso federal del PSOE.
Según el diario de Prisa, la ley, que implicaría cambiar el Código Penal, se estudiará primero por un grupo de expertos que “trabajará en la confidencialidad”. A falta de conocer los nombres de sus integrantes, cabe suponer que su condición será similar a la del grupo de expertos que se encargarán de la Ley del Aborto, todos ellos de perfil socialista. Por otra parte, se constituiría una comisión “conjunta de Sanidad y Justicia”. Soria prevé que los trabajos de ambos grupos concluyan en un año o año y medio, por lo que “no excluye que sea en esta legislatura” cuando esté regulada la eutanasia.
Según el ministro de Sanidad, la española es una sociedad “moderna, madura y que está preparada para cualquier debate”, por lo que es pertinente iniciar una “reflexión” sobre este asunto. “La gente muere sufriendo. Eso no puede ser”, insiste Soria, que habla también del trabajo de su Ejecutivo en cuidados paliativos con el fin de “regular los momentos terminales, la muerte digna y el derecho que tiene cualquier ciudadano a decir ‘no quiero ser sometido a esa tortura’”.
Para Soria, el concepto de eutanasia está muy unido al socialismo, a juzgar por sus palabras: “El Partido Socialista dice: el propietario de tu cuerpo eres tú. Tú eres quien toma decisiones”. “Eso es ideología socialista”, insiste Soria, que también se refiere en la entrevista a los cambios en la legislación del aborto. Augura que la solución final será un híbrido entre una ley de plazos y unos supuestos “que permitan garantizar unos derechos”.