(Libertad Digital) De esta forma, la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja comenzará a recibir a finales de este mes a representantes de la patronal hipotecaria (AHE), de la patronal de promotoras y constructoras (APCE), y de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU), entre otras, así como a un urbanista, a un economista y a un sociólogo. Además, el Congreso tomará nota de las propuestas de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
En concreto, la patronal hipotecaria pedirá que las autoridades “pongan los medios necesarios para que en España no pueda darse también una situación parecida a la de las hipotecas de alto riesgo (subprime) de EEUU fuera del mercado hipotecario”.
Para su presidente, Gregorio Mayayo, “es evidente que la economía española y nuestro mercado hipotecario en un mundo globalizado están expuestos a los efectos colaterales de la crisis norteamericana”, por lo que solicita a los poderes públicos protección.
Por su parte, la CECU propone “castigar a los dueños de pisos vacíos o a los que tengan varias casas” para facilitar su puesta en el mercado del alquiler. Además, exige a los bancos “que abran el grifo” y solicita “solucionar el problema del precio de la vivienda”, ya que “es un abuso pagar por algo que está inflado más de un 30 por ciento”.
En cuanto a los promotores, APCE, manifestará la necesidad de subvencionar las hipotecas de viviendas concertadas”, que son la tipología que se encuentra entre las libres y las protegidas. A su juicio, el tipo de interés debe “ser intervenido” y fijado en el 5,09 por ciento, para permitir a sus adjudicatarios el pago de las cuotas.
Todo lo que excediese ese porcentaje debería subvencionarlo el Estado. Una cantidad importante si se tiene en cuenta que el Euribor –principal índice al que se referencian las hipotecas en España- se sitúa ya en el 5,32 por ciento.
Asimismo, el presidente de esta patronal, Guillermo Chicote, quiere que el Ministerio de Vivienda y el de Economía “reinstauren las hipotecas crecientes”, es decir, préstamos que contemplen un tipo de interés inferior en los primeros años de amortización, que se vayan incrementando progresivamente según aumente la vida del préstamo.
Pero la propuesta más destacable es la realizada por el presidente de la FEMP, Pedro Castro, para quien el derecho de propiedad es algo secundario si se relaciona con el derecho constitucional a una vivienda digna. “El derecho a la vivienda digna está por encima del interés del propietario”, señala Castro.
Por ello, los municipios y provincias piden luz verde para acometer una ola de expropiaciones de suelo público, al amparo de la nueva Ley del Suelo, que abarata este tipo de operaciones, perjudicando al propietario y beneficiando a la Administración.
Castro considera que “las decisiones políticas tienen prioridad sobre las económicas”, por lo que desde el Gobierno se debe respaldar las expropiaciones de terrenos para la construcción de viviendas protegidas.