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La AN alega que la sentencia de Beloki no es firme mientras el Supremo sigue sin resolver

El auto emitido por la Audiencia Nacional, hecho público este viernes, donde se prolonga la situación de libertad provisional de la etarra Elena Beloki,  señala que “ante todo” hay que recordar que su sentencia condenatoria no es firme, ya que “se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo”. Dicho recurso se presentó el 24 de enero de 2008 en el Alto Tribunal y se ha retrasado más de lo habitual en su tramitación. Lo normal es que la Sala de lo Penal del Supremo resuelva en un período de entre 5 y 8 meses los asuntos y el recurso de Beloki lleva ya en tramitación 9 meses.

El auto emitido por la Audiencia Nacional, hecho público este viernes, donde se prolonga la situación de libertad provisional de la etarra Elena Beloki,  señala que “ante todo” hay que recordar que su sentencia condenatoria no es firme, ya que “se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo”. Dicho recurso se presentó el 24 de enero de 2008 en el Alto Tribunal y se ha retrasado más de lo habitual en su tramitación. Lo normal es que la Sala de lo Penal del Supremo resuelva en un período de entre 5 y 8 meses los asuntos y el recurso de Beloki lleva ya en tramitación 9 meses.

LD (Ángela Martialay) El auto emitido por la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, hecho público este viernes, donde prolonga la situación de libertad provisional bajo fianza de 6.000 euros de la etarra Elena Beloki,  señala que “ante todo” hay que recordar que la sentencia condenatoria de beloki no es firme ya que “se encuentra recurrida en casación ante el Tribunal Supremo”. Sin embargo, dicho recurso, que se presentó el 24 de enero de 2008 en el Alto Tribunal, se retrasa más de lo habitual en su tramitación.

Según han señalado fuentes del Supremo a Libertad Digital, lo normal es que los procedimientos de los recursos de casación en la Sala de lo Penal tarden en resolverse entre cinco y ocho meses. En este sentido, el último informe emitido por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial, denominado la “Justicia dato a dato”, señala que la duración media estimada en la tramitación de los asuntos de la Sala Segunda del Supremo o de lo Penal es de 5 meses. Esto lleva a sostener que en el caso de Beloki la justicia está retrasándose más de lo habitual, ya que su recurso lleva ya en trámite nueve meses.

Dicha tardanza, es utilizada por los magistrados de la Audiencia como fundamento jurídico para prolongar la libertad provisional de la etarra. Éstos indican que, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC), la situación de prisión provisional en la que se encuentra Beloki, cuya condena está recurrida ante el Supremo, "exige que su aplicación tenga como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva", lo que, a su juicio, no concurre en este caso.

No hay riesgo de fuga, según la AN

Por otra parte, la Audiencia considera "irrelevantes" y "heterodoxos" los razonamientos esgrimidos por la Fiscalía y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) para solicitar la vuelta a prisión de la etarra y desestima que haya riesgo de fuga. En dicho auto se justifica la decisión de mantener en libertad a la etarra en que "no ha terminado" el tratamiento al que está siendo sometida en un hospital de San Sebastián, ya que la terrorista ha cumplido estrictamente las medidas acometidas en autos anteriores en lo referente a su lugar de residencia y sus presentaciones en los juzgados.

Beloki, responsable de comunicación del aparato internacional de ETA (Xaki), fue condenada el pasado noviembre a 13 años de cárcel por pertenencia a la banda terrorista. Así, el pasado 1 de julio ésta fue excarcelada para someterse a un tratamiento de fecundación in vitro.

La etarra, antes de convertirse en una de las responsables del considerado "Ministerio de Asuntos Exteriores de ETA", había formado parte de uno de los comandos de la organización terrorista y en 1990 fue condenada a cinco años de cárcel por pertenencia a banda armada y utilización de documentos administrativos falsos.

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