(Libertad Digital) El consejo de Ministros decidió el viernes remitir estos decretos al Consejo de Estado para que dictamine y se puedan aplicar las medidas recogidas en la normativa, según La Razón. La misma, que entró en vigor el pasado mes de enero, es defendida por la vicepresidenta de la Vega como necesaria para "cerrar y cicatrizar heridas y recuperar la memoria de los que murieron por defender sus ideas con honor y dignidad".
Otros grupos parlamentarios como IU han presionado para que dicha ley se hiciera efectiva lo antes posible, y tal y como apunta La Razón, el ejecutivo de Zapatero podría estar buscando satisfacer dichas expectativas para sumar unos votos necesarios para sacar adelante los Presupuestos del Estado.
Entre los decretos remitidos destaca el referido a las indemnizaciones, estableciendo unas condiciones que sorprenden en plena crisis económica. De ese modo, para las personas "fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes antes y durante la Transición" el Gobierno ha establecido unas cifras que no han sido cuantificadas todavía, pero que pueden ser enormes. La cifra más elevada es la de 135.000 euros para los herederos de los fallecidos, mientras que para los que sufrieron lesiones incapacitantes se determinarán otra cuantías a través de la Administración de la Seguridad Social.
Otro de los decretos remitidos al Consejo incluye otras medidas más simbólicas, según enuncia La Razón. Una de ellas es la que reconoce oficialmente el estatus de víctima a través de un certificado de "declaración de reparación y reconocimiento" de las personas que padecieron persecución o violencia por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa durante la Guerra Civil y la dictadura, expedido por el Ministerio de Justicia.
El tercer decreto es el relativo a la adquisición de la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales. La ley no obliga, según La Razón, a renunciar a la nacionalidad de origen a los brigadistas, lo cual modifica una ley anterior en la que sólo se permitía a éstos ser españoles si prescindían de su nacionalidad.
El cuarto y último decreto de la Ley de Memoria Histórica es el referido a la restitución de documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General dela Guerra Civil. La misma versa sobre la devolución de documentos y efectos a particulares. No hace referencia a los documentos que reclaman ayuntamientos y otras instituciones.