(Libertad Digital) El Gobierno de Castilla-La Mancha ha optado por la confrontación en el trato con los objetores a la adoctrinadora asignatura de Educación para la Ciudadanía. Los hechos se produjeron en la provincia de Toledo, uno de los lugares donde más objeciones se han producido en toda España y donde el movimiento objetor mejor está organizado. Además, esta polémica se ha desatado después de que se hayan producido cinco autos judiciales en distintas provincias de la región que habilitan la medida cautelar de no asistir a dicha asignatura.
En este sentido, en una visita a un centro escolar de la localidad toledana de Yepes, un inspector de la Junta de Comunidades de esta comunidad obligó a siete niños objetores, que durante la clase de esta materia se encontraban en otra aula, a entrar a clase en contra de la voluntad de los padres.
Según han denunciado varias asociaciones que luchan contra esta asignatura, el inspector rompió la iniciativa de que los objetores estuvieran en una clase diferente cuando se impartiese esta asignatura. Sin embargo, "por orden expresa del inspector Manuel Caballero se vieron obligados a entrar en el aula" cuando hasta entonces no había habido ningún tipo de problema ni con padres ni profesores.
Cuando se anunció la llegada del funcionario de la Junta, el director recibió orden expresa de que todos los alumnos que no recibiesen la asignatura asistieran obligatoriamente lo que ha provocado gran indignación en el colectivo objetor de la provincia formado por más de 7.300 objeciones. "Es fácil imaginar la preocupación e indignación de estos padres que ven cómo un mero funcionario, abusando de su autoridad administrativa, ignora el derecho fundamental de educar a sus hijos en sus convicciones", han asegurado miembros de estas asociaciones.
La Junta dice que tienen "respeto absoluto a la objeción"
Por su parte, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha negado este miércoles que ningún inspector de Educación obligara a los siete alumnos a entrar a la clase de esta asignatura. A su juicio, se limitaron a dar al director del centro las instrucciones que tiene la Consejería para estos casos.
Así lo ha indicado la portavoz del Gobierno regional, Isabel Rodríguez, a preguntas de los periodistas, durante la rueda del Consejo de Gobierno, sobre los hechos denunciados por varias asociaciones toledanas que defienden la objeción de conciencia a la asignatura. Rodríguez ha explicado que fueron dos los inspectores que acudieron al Instituto Carpetania, de Yepes y allí hablaron con el director y le dieron traslado de las instrucciones del Gobierno de Castilla-La Mancha en este asunto, la primera de ellas el "respeto absoluto a la objeción de conciencia".
Ha indicado que, mientras no haya resolución definitiva de los tribunales con respecto a la objeción de conciencia, se ha solicitado a las familias que piden la objeción que se hagan cargo de sus hijos durante las horas lectivas de Educación para la Ciudadanía. Pero, ha añadido, cuando los padres no puedan, los alumnos permanecerán en algún aula del centro sin cursar ninguna otra materia "porque eso no se enmarca dentro de la legalidad".