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El CGPJ abronca a Bermejo por culpar a los "conservadores" de la benevolente sanción a Tirado

El ministro de Justicia aseguraba este martes que la decisión de sancionar al juez Tirado con sólo 1.500 euros de multa fue tomada por la "mayoría conservadora" del CGPJ. El País también afirma que el órgano de gobierno de los jueces estudia imponer dos años de suspensión al juez del caso Mari Luz pero que serían los conservadores los que estarían en contra. El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado de forma tajante estas manifestaciones, que "no contribuyen a crear el clima de serenidad necesario".

El ministro de Justicia aseguraba este martes que la decisión de sancionar al juez Tirado con sólo 1.500 euros de multa fue tomada por la "mayoría conservadora" del CGPJ. El País también afirma que el órgano de gobierno de los jueces estudia imponer dos años de suspensión al juez del caso Mari Luz pero que serían los conservadores los que estarían en contra. El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado de forma tajante estas manifestaciones, que "no contribuyen a crear el clima de serenidad necesario".
L D (EFE) El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy una declaración institucional en la que pone de manifiesto que las críticas a este órgano, "cualquiera que sea su procedencia", en modo alguno influirán en las decisiones que adopte, entre ellas la sanción al juez de Sevilla Rafael Tirado.
 
En la declaración, leída ante los medios por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, el órgano de gobierno de los jueces defiende su independencia y hace un llamamiento al mantenimiento de un "clima de serenidad y confianza" y respeto a las instituciones necesario para un desarrollo normalizado de sus competencias.
 
Así responde el Consejo a las críticas recibidas, entre ellas del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, sobre la sanción de 1.500 euros impuesta a Tirado, que no ordenó ejecutar la sentencia que condenaba por abusos a su hija al presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, Santiago del Valle.
 
"Las críticas no son una injerencia, pero este tipo de manifestaciones no contribuyen a crear el clima de serenidad necesario y pueden contribuir a confundir al ciudadano y a que pierdan la confianza en las instituciones", ha añadido Bravo.
 
En la declaración el CGPJ reitera su "total compromiso" en la defensa de la independencia del Poder Judicial en su función de garante de las libertades y de la tutela de los Derechos de los ciudadanos.
 
"El CGPJ -añade- confía plenamente en la labor que nuestros órganos jurisdiccionales desempeñan, siempre presidida por los principios democráticos de un Estado de Derecho, no exenta de dificultades, para impartir Justicia con la eficacia y eficiencia que la sociedad demanda".
 
El órgano de gobierno de los jueces además, según concluye la declaración, rechaza "rotundamente" que las posiciones ideológicas personales de cada vocal puedan servir de base para la adopción de sus decisiones y "resolverá siempre con absoluta independencia y responsabilidad institucional y con pleno sometimiento a la Ley, ajeno a todo tipo de manifestaciones".
 
Bravo ha hecho hincapié en que el Consejo respeta el derecho a la libertad de expresión de cualquier ciudadano, "ocupe el cargo que ocupe", y ha afirmado que está segura de que las manifestaciones efectuadas en los últimos días por representantes políticos no tienen por objeto interferir en las funciones del CGPJ.
 
"Trabajamos sin ataduras políticas, no se actúa por bloques", ha aseverado Bravo, quien ha asegurado que todas las decisiones disciplinarias que tome el Consejo se basarán en el principio de la legalidad.
 
El CGPJ tiene que resolver sobre el recurso que la Fiscalía ha presentado contra el acuerdo de los miembros del anterior Consejo de multar a Tirado con 1.500 euros por una falta grave y ha reclamado que se le imponga la sanción de suspensión por tres años por una falta muy grave de desatención o retraso injustificado en la tramitación o resolución de causas.
 
Tirado ya ha presentado sus alegaciones al recurso de la Fiscalía y formulará un recurso de alzada contra dicha multa.
 
Tras ello, según fuentes del Consejo, la comisión disciplinaria tiene que emitir un informe sobre dicha multa y posteriormente el vocal Félix Azón debe elevar una propuesta al pleno, que tiene finalmente que resolver sobre el recurso.

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