LD (Pedro de Tena) José Chamizo considera que la situación creada, en lo que concierne a la construcción de inmuebles de distinta naturaleza en zonas de inundación, riesgo e incluso a veces ocupando cauces públicos, es fruto "de las acciones y omisiones en la tutela del territorio de aquellas administraciones que poseen, desde hace mucho tiempo, competencias muy claras".
La institución abrió una queja de oficio a raíz de las graves inundaciones acontecidas a finales del pasado año en Almuñécar, a fin de determinar las causas de la catástrofe y las medidas que se pudieran adoptar para evitar la repetición de hechos semejantes. La respuesta de la Agencia Andaluza del Agua no satisface al Defensor. Según entiende José Chamizo del escrito que le remitieron, la Junta concluye que el riesgo de inundaciones no se agravará gracias a la disminución del crecimiento urbanístico debido a causas económicas. Añade además que la crisis puede dar un respiro a las administraciones públicas "para planificar y acometer medidas concretas y paliativas de disminución del riesgo".
En una resolución, el Defensor del Pueblo andaluz difiere de que la construcción en zonas inundables tenga que ver con la coyuntura económica y culpa a las administraciones públicas y, en especial, llama la atención sobre la Junta de Andalucía, "que posee competencia exclusiva desde la aprobación de su Estatuto en 1981 de la política territorial y el urbanismo".
"Con la normativa en vigor desde hace años y mucho más dado que existe una preocupación por la cuestión ambiental, gran parte del desarrollo urbano de Almuñecar y de otros de la comunidad no debió aprobarse", expone el Defensor. Como botón de muestra de las normas que se deben tener en cuenta, el Chamizo cita la Ley de Ordenación del Territorio de Andalucía, la Ley del Suelo o la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía de 2002. "Bastante de las actuaciones invasoras del litoral y, en lo que aquí concierne, de generación de riesgos, invasión y desvío de cauces de ríos, ocupación de terrenos inundables, se han desarrollado no sólo en los años 60, sino también y masivamente durante los últimos 25 años". 1.099 puntos de riesgos de inundación tras 26 años de gobiernos socialistas
La Agencia Andaluza del Agua localizó en octubre de 2007 1.099 puntos de riesgos de inundaciones en tramos urbanos -que afectan a unos 400 municipios-, de los que 115 son de alta peligrosidad al estar en juego vidas humanas.
Los datos duros y puros son los que siguen:
- De los 1.099 puntos de riesgo de inundaciones, 115 son de alta peligrosidad
- Granada es la provincia con más puntos peligrosos (44), y Huelva la de menos (3)
- La Agencia del Agua recoge dos millones de metros cúbicos de residuos
- La CHG gastará 187 millones en defender las poblaciones. La Agencia del Agua, unos 70
- La Agencia abre 2.462 expedientes por invasión de cauces y vertidos
Según dijo entonces el ya ex director de la Agencia, Juan Corominas, la situación ha ido a peor por el exacerbado desarrollo urbanístico. La pregunta de sentido común es: ¿Y quién ha gestionado el urbanismo en los últimos 25 años de la historia andaluza? El PSOE desde la Junta, desde más de 500 ayuntamientos en los que ha tenido mayoría absoluta desde 1979 y en las Diputaciones que ha gobernando en solitario en 7 de las ocho provincias. Y en estos 25 años, 17 años han sido de gobiernos socialistas en Madrid. Y hasta ahora, jamás se han tenido en cuenta las advertencias de inundabilidad. Y sólo desde hace dos años se prohíbe tapar y canalizar ríos, arroyos y torrentes. Estas son las conclusiones del Defensor del Pueblo Andaluz.