LD (L. Ramírez) El fondo de 30.000 millones de euros (ampliable a 50.000 millones) con el que el Gobierno inyectará liquidez en los bancos y cajas de ahorros ya está preparado.
El Consejo Rector de este fondo, presidido por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, celebró este lunes su primer encuentro y anunció que hará sus primeras compras en los dos próximos meses mediante sendas subastas, por un importe máximo de 5.000 millones de euros cada una.
El proceso de compra no estará ligado a la concesión de nuevo crédito a empresas y particulares, con lo que se vulnera el teórico principal objetivo del rescate.
Con esta primera celebración del Consejo, presidido por el vicepresidente segundo, Pedro Solbes, se pone en marcha este instrumento que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 10 de octubre y cuyo objetivo, según afirma el Gobierno, “es apoyar la financiación a empresas y particulares”.
La transparencia del fondo deja mucho que desear, ya que, al contrario que en el resto de países que han aprobado rescates del sector financiero, en España el desarrollo reglamentario de los dos decretos -aprobados por el Ejecutivo y convalidados por el Congreso- garantiza el anonimato de los bancos y cajas de ahorros que pidan dinero al fondo, tal como avanzó LD.
Así, se informará a los ciudadanos del precio al que el Estado adquiere los activos, así como su tipo, pero no la entidad que los vende. En la primera subasta de noviembre se adquirirán, mediante compraventa doble -operaciones con acuerdo de recompra-, cédulas hipotecarias y bonos, respaldados por créditos concedidos a particulares, empresas y entidades no financieras.
Estos productos deberán tener un plazo de vencimiento de dos años, calificación crediticia de al menos “AA” o similar, y haber sido emitidos con posterioridad al 1 de agosto de 2007. Las agencias de calificación utilizan este baremo para determinar la calidad de los activos, siendo “AAA” la que se adjudica a los mejores.
En la segunda subasta, que tendrá lugar en diciembre, se adquirirán, mediante compras en firme, cédulas hipotecarias y bonos de titulización de activos respaldados por cédulas hipotecarias de nueva emisión y con calificación crediticia “AAA”.
El ICO justitica la falta de transparencia
No obstante, el presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, dijo que confía en que sea "relativamente sencillo" que la administración se desarrolle con transparencia, aunque no descartó que se establezca algún tipo de "restricción" para no perjudicar el comportamiento de las entidades financieras en los mercados.
En declaraciones a RNE, Martínez explicó que la información tiene "efectos secundarios" en los mercados y que si una entidad decide optar a las ayudas del Gobierno "puede dar una imagen no correcta" de su situación real. "Si una entidad financiera ha entrado más en este tipo de operaciones puede dar una imagen que no es la correcta sobre su capacidad de solvencia, de salir adelante en este momento de dificultad", añadió.
Respecto al seguimiento que podrá realizar dicho organismo, el presidente del ICO consideró que será un trabajo "complicado", pero que no debería ser "técnicamente difícil", ya que el Banco de España –que forma parte de la comisión– tiene una experiencia "larguísima" en este tipo de tareas.
Desarrollo reglamentario
Además de acordar estas iniciativas, el Consejo Rector ha estudiado la orden ministerial que desarrolla el reglamento del Fondo, antes de su remisión al Consejo de Estado. El borrador ha sido pactado con el PP.
Las funciones del Consejo, órgano de administración, gestión y dirección del Fondo, son las de establecer las directrices de inversión, y aprobar sus presupuestos de explotación y capital.
Asimismo, el reglamento establece cómo efectuar el seguimiento y evaluación de los activos, decidir la aplicación de los rendimientos de los activos, así como el producto de sus vencimientos o ventas, y aprobar el informe cuatrimestral sobre la gestión del Fondo.