L D (Europa Press) La iniciativa de Garzón sigue adelante. Esta decisión se produce dos semanas después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se declarase competente para investigar la más de 114.000 desapariciones ocurridas durante la Guerra Civil y el franquismo, alegando, entre otras cosas, que estos crímenes no han prescrito.
La ONU recomendó al Gobierno español, tras la celebración de la 94 sesión de su Comité para los Derechos Humanos, una serie de medidas relacionadas con los derechos de las familias de los desaparecidos a causa del bando franquista. Asimismo, trasladó al Ejecutivo socialista su preocupación por la prevalencia en España de la Ley de Amnistía de 1977 que, según recoge el Comité, iría contra la Convención de Derechos Políticos y Civiles de 1966, que fue ratificada por España el 11 de julio de 1977.
Precisamente, la Ley de Amnistía de octubre de 1977 ha sido uno de los principales argumentos utilizados por el fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza contra el sumario que ha iniciado el juez Baltasar Garzón para llevar a cabo una investigación acerca de los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Según informó la Asociación, el Comité recordó al Gobierno que la amnistía en relación con graves violaciones de los derechos humanos "está en contradicción con las disposiciones" de la citada Convención.
Precisamente, la Ley de Amnistía de octubre de 1977 ha sido uno de los principales argumentos utilizados por el fiscal de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza contra el sumario que ha iniciado el juez Baltasar Garzón para llevar a cabo una investigación acerca de los crímenes cometidos por la dictadura franquista. Según informó la Asociación, el Comité recordó al Gobierno que la amnistía en relación con graves violaciones de los derechos humanos "está en contradicción con las disposiciones" de la citada Convención.
Por lo tanto, recomendó al Ejecutivo española tanto la abolición de la ley de amnistía de 1977 como la adopción de medidas legislativas para garantizar "la no aplicabilidad de las limitaciones legales a los crímenes contra la humanidad en su jurisdicción nacional". Además, aconseja al Gobierno la creación de una comisión de investigación.