L D (Europa Press) En los próximos días, la Dirección notificará los expedientes a los guardias civiles afectados, cuya apertura llega con el visto bueno del ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.
Según el criterio de Interior, las leyes orgánicas aprobadas al final de la pasada legislatura prohíben expresamente a los guardias civiles participar en actos de naturaleza sindical. El director de Policía y Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, firmó una circular, distribuida a todas las unidades de la Benemérita días antes de la manifestación, advirtiendo de que los agentes que acudiesen a la misma podrían incurrir en dos faltas muy graves, una por contravenir la Ley y otra por desacatar la orden que se les daba a través de esa circular.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), que se retiró como convocante pero animó a los agentes a acudir, cifró la asistencia de los guardias en más de 3.000. Antes de que comenzase el acto, el secretario general de AUGC, Alberto Moya, afirmó que las advertencias del Velázquez sólo habían servido de "acicate" para la afluencia masiva de guardias.
Sosteniendo la pancarta que pedía dignidad económica y profesional se situaron, junto a los representantes de los sindicatos policiales, varios dirigentes de AUGC y de la Unión de Guardias Civiles (UGC), aunque no todos se encuentran en disposición de ser sancionados, por no encontrarse ya en activo. Las fuentes consultadas aseguraron que el criterio para abrir expedientes es el de "especial significación" durante el acto.
Con los datos aportados por el Servicio de Información de la Guardia Civil sobre la convocatoria y desarrollo del acto, la Dirección ha decidido la apertura de los expedientes tras consultar a los Servicios Jurídicos del Cuerpo. Después de que se comuniquen los expedientes, los afectados deberán prestar declaración ante el instructor. Meses después, ese instructor propondrá una sanción que, en última instancia, firmará el director general de Policía y Guardia Civil.
De tres meses a la expulsión
Las faltas muy graves pueden llevar aparejadas distintas sanciones, según el nuevo Régimen Disciplinario de Guardia Civil. Los guardias civiles que incurran en este tipo de faltas pueden perder puestos en el escalafón o ser suspendidos desde tres meses y un día hasta un máximo de seis años. También pueden ser expulsados definitivamente del Cuerpo.
Las asociaciones de la Guardia Civil se retiraron como convocantes del acto ante las amenazas del Gobierno, pero insistieron en el derecho a manifestarse de los guardias esgrimiendo distintos artículos de la Ley que se refieren a la libertad de expresión. Velázquez insistió en que si la manifestación hubiese sido convocada por las asociaciones profesionales, aún reivindicando subidas salariales, la concurrencia de los guardias habría estado permitida, pero que el hecho de que fueran los sindicatos policiales los convocantes otorgaba "naturaleza sindical" al acto.