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Noticia publicada el 27-03-2008
LD (EFE) El tribunal, que podría haber valorado el riesgo de fuga, también decidió enviar a prisión a los otros cuatro imputados con penas más elevadas para los que se habían solicitado medidas cautelares: José María Ruiz de la Serna, Francisco Javier Sierra de la Flor, Aníbal Sardón y Julio Rodríguez Gil.
Camacho, ha ingresado en la prisión de Soto del Real a las 17:20 horas, tras tramitar la documentación pertinente. Junto con Camacho ingresaron José María Ruiz de la Serna, Francisco Javier Sierra de la Flor, Aníbal Sardón y Julio Rodríguez Gil, los otros cuatro condenados con penas más elevadas.
Según su abogado, Miguel Bajo, Camacho se encontraba "muy mal, muy mal" por la gravedad de la sentencia y por la "rápida prisión preventiva, que ni si quiera les ha permitido ir a casa a por las cosas". El tribunal ha valorado que "la gravedad de los hechos, la elevada penalidad que se ha impuesto a los acusados, de que se trata por su participación en aquellos hechos y la propia desaparición del dinero confiado por los inversionistas, en cuantía importante, conlleva un gran riesgo de fuga que ha de conjurarse mediante la adopción de tan drástica medida cautelar".
Según el auto del tribunal, la expectativa de fuga de Camacho después de la sentencia condenatoria "se ha acrecentado, lo cual deviene en que deba acordarse su prisión provisional, comunicada y sin fianza". Agrega que la medida se ha dictado para "prevenir el aumento del riesgo cierto de fuga, en persona que, aunque goza de arraigo personal y familiar, ha demostrado su capacidad de distracción de grandes sumas de dinero, lo que podría aprovechar para no quedar sometido a la acción de los órganos judiciales."
Camacho, condenado a un total de once años de prisión, tendrá que cumplir cerca de dos años de prisión para salir en tercer grado y al menos cinco años de su condena para salir en libertad condicional. El abogado de Camacho, Miguel Bajo, anunció que recurrirá el auto de prisión inmediatamente.
Según el auto del tribunal, la expectativa de fuga de Camacho después de la sentencia condenatoria "se ha acrecentado, lo cual deviene en que deba acordarse su prisión provisional, comunicada y sin fianza". Agrega que la medida se ha dictado para "prevenir el aumento del riesgo cierto de fuga, en persona que, aunque goza de arraigo personal y familiar, ha demostrado su capacidad de distracción de grandes sumas de dinero, lo que podría aprovechar para no quedar sometido a la acción de los órganos judiciales."
Camacho, condenado a un total de once años de prisión, tendrá que cumplir cerca de dos años de prisión para salir en tercer grado y al menos cinco años de su condena para salir en libertad condicional. El abogado de Camacho, Miguel Bajo, anunció que recurrirá el auto de prisión inmediatamente.
Camacho, que ya pasó casi 3 años en prisión y ha sido condenado a un total de 11 años, tendrá que cumplir cerca de dos años de cárcel para salir en tercer grado y al menos cinco años de su condena para salir en libertad condicional, una vez que la sentencia sea firme. No obstante, el abogado de Camacho, Miguel Bajo, anunció que recurrirá el auto de prisión inmediatamente
La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal ha absuelto a 6 de los imputados y condenado a otros ocho, a los que impuso un total de 52 años de cárcel. El Tribunal presidido por Carmen Paloma González considera que los condenados despatrimonializaron la sociedad Gescartera, desviando los fondos que les habían confiado sus clientes.
En concreto, los jueces señalan que los condenados "colaboraron manteniendo una situación aparentemente normalizada pero que en realidad constituía una mera fachada a cuya sombra se llevaba a efecto una premeditada, sistemática y persistente maniobra de desapoderamiento de los capitales y valores invertidos por los clientes".
Así, destacan la responsabilidad de Camacho, el número 2 de la agencia, José María Ruiz de la Serna, y el subdirector general, Francisco Javier Sierra de la Flor. Por ello, además de Camacho, el Tribunal ha impuesto una pena de cárcel a José María Ruiz de la Serna, para quien dictó un total de 10 años y medio de prisión -7,5 años por apropiación indebida y 3 años por falsedad documental-. Por su parte Aníbal Sardón, propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP), sociedad vinculada a la agencia de valores Gescartera, fue condenado a 9 años de cárcel por apropiación indebida (7 años) y falsedad documental (2 años).
El apoderado y subdirector general Francisco Javier de la Sierra Flor también fue condenado, en su caso a seis años y medio de prisión por la autoría de un delito continuado de apropiación indebida, al igual que el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, para el que la pena se queda en 6 años al ser cooperador necesario.
Una de las personas que se mostró más turbada durante la lectura del fallo fue la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, condenada a una pena de 3 años y 6 meses de prisión por ser cómplice de un delito de apropiación indebida. Giménez-Reyna, para la que el Ministerio Público había solicitado 8 años de cárcel, podría tener que entrar en prisión, donde ya pasó cinco meses, si se confirma la pena impuesta. En su caso, el Tribunal recuerda que por su condición de directora comercial no le era ajena la irregular actividad que en el seno de la empresa se estaba llevando a cabo en perjuicio de los clientes.
El apoderado y subdirector general Francisco Javier de la Sierra Flor también fue condenado, en su caso a seis años y medio de prisión por la autoría de un delito continuado de apropiación indebida, al igual que el asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, para el que la pena se queda en 6 años al ser cooperador necesario.
Una de las personas que se mostró más turbada durante la lectura del fallo fue la ex presidenta de Gescartera, Pilar Giménez Reyna, condenada a una pena de 3 años y 6 meses de prisión por ser cómplice de un delito de apropiación indebida. Giménez-Reyna, para la que el Ministerio Público había solicitado 8 años de cárcel, podría tener que entrar en prisión, donde ya pasó cinco meses, si se confirma la pena impuesta. En su caso, el Tribunal recuerda que por su condición de directora comercial no le era ajena la irregular actividad que en el seno de la empresa se estaba llevando a cabo en perjuicio de los clientes.
Por su parte, los empleados de La Caixa José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats, también fueron condenados a 3 años de prisión por ser cómplices de apropiación indebida.
Responsables subsidiarios
El tribunal también ha considerado a Caja Madrid Bolsa y a La Caixa como responsables civiles subsidiarios del agujero patrimonial y de los daños, valorados en 87,99 millones de euros o 14.641 millones de pesetas. Estas dos empresas podrían tenerse que hacer cargo de la mayor parte de esa cantidad, ya que los otros responsables civiles subsidiarios son las sociedades vinculadas a Gescertera (Gescartera Gesión, Bolsa Consulting, Bolsa Consulting Madrid, Breston, Promociones Andolini, Asesoría y Gestión de Patrimonios). De esa cantidad también deberán responder civilmente de modo solidario todos los condenados, cuyo patrimonio es reducido, según las fuentes consultadas.
El tribunal también ha considerado a Caja Madrid Bolsa y a La Caixa como responsables civiles subsidiarios del agujero patrimonial y de los daños, valorados en 87,99 millones de euros o 14.641 millones de pesetas. Estas dos empresas podrían tenerse que hacer cargo de la mayor parte de esa cantidad, ya que los otros responsables civiles subsidiarios son las sociedades vinculadas a Gescertera (Gescartera Gesión, Bolsa Consulting, Bolsa Consulting Madrid, Breston, Promociones Andolini, Asesoría y Gestión de Patrimonios). De esa cantidad también deberán responder civilmente de modo solidario todos los condenados, cuyo patrimonio es reducido, según las fuentes consultadas.
Tras más de seis años de investigación y tres meses de sesiones de juicio oral, el caso Gescartera quedó visto para sentencia el pasado 18 de diciembre. Durante el juicio oral declararon 14 imputados, un centenar de testigos y más de una decena de peritos, sin aclarar el destino de los 50 millones de euros que suponen el agujero patrimonial de la sociedad.
Tanto Caja Madrid Bolsa como La Caixa, han anunciado que recurrirán la sentencia ante el Tribunal Supremo e insisten en que su actuación fue correcta.
