Imran Firasat, paquistaní musulmán convertido al cristianismo que actualmente reside en España, se enfrenta a un Gobierno, el español, que parece decidido a castigarle por su película sobre Mahoma, El profeta inocente.
El Gobierno español ha revocado su permiso de residencia y ahora amenaza con extraditarlo. Asimismo, ha iniciado un procedimiento judicial contra él por violar la legislación relativa a la incitación al odio.
Madrid ha justificado su decisión en que, con su vídeo, Firasat "amenaza la seguridad nacional". Pese a que Firasat es de origen paquistaní, las autoridades españolas podrían también deportarlo a Indonesia, de donde es su mujer (que aún vive allí) y donde él vivió entre 2008 y 2010.
El procedimiento por incitación al odio iniciado contra Firasat se basa en que su película viola el artículo 510 del Código Penal español, que contempla el delito de incitación al odio y a la violencia por motivos raciales, ideológicos o religiosos. Pueden leer más detalles del caso de Firasat aquí. En aras de una total transparencia, debo hacer constar que The Legal Project está proporcionando asistencia económica a su abogado.
El Gobierno español debería afinar más su criterio, en vez de afanarse en deportar a Firasat. Como bien sabe Madrid, si es enviado a Paquistán puede ser condenado a muerte por sus reiteradas blasfemias. El Gobierno español sabe igualmente que las autoridades de Indonesia han acusado y condenado in absentia al Sr. Firasat por un falso delito de asesinato. Los españoles sabían todo esto hace dos años, cuando la Interpol se puso en contacto con ellos por una orden de busca y captura indonesia. En esa ocasión un juez español dictaminó que la condena indonesia no tenía suficiente peso como para provocar la expulsión Firasat. También sabían, los españoles, que el Sr. Firasat había sido acusado de blasfemia (pero no condenado) en Indonesia. Al fin y al cabo, España le ofreció asilo porque sus críticas al islam le ponían en peligro de ser castigado por blasfemo en cualquier parte del mundo musulmán.
Las autoridades españolas están tratando de expulsar a Imran Firasat pese a que son conscientes de que
-
si es enviado de vuelta a Paquistán pueden matarlo por blasfemo;
-
si fuera enviado a Indonesia se vería expuesto a una condena por asesinato o a una acusación de blasfemia (probablemente a ambas); y
- aunque fuera deportado a cualquier otro lugar, pesa sobre él una orden de busca y captura de la Interpol que podría emplearse para enviarlo a Indonesia.
Los problemas legales de Firasat comenzaron en 2010, cuando aún vivía en Indonesia y fue detenido por "blasfemar" en internet contra el islam. Amenazaron con acusarle de infringir la ley indonesia de 1965 contra la blasfemia, el artículo 156(A) del Código Penal de aquel país. La ley establece penas de hasta cinco años de prisión para cualquiera que, de manera pública, manifieste hostilidad, insulte o ultraje una religión practicada en Indonesia, o impida que otras personas la practiquen. El castigo contemplado por la legislación indonesia contra la blasfemia no es tan grave como el vigente en otros países islámicos, como Paquistán, pero una condena allí sigue sin ser algo que se pueda tomar a la ligera. En 2012 un hombre llamado Sebastian Joe fue condenado a cinco años por "blasfemia". Al parecer, una de las polémicas declaraciones de Joe fue: "Dios es mezquino y arrogante", que escribió en su página de Facebook. Parece ser que, además, la policía indonesia arrestó a Joe, en parte, para protegerlo de una turba islamista que se dirigía hacia su casa. Otro indonesio, llamado Alexander, ateo convencido, no tuvo tanta suerte: acusado de escribir "Dios no existe" en una página de Facebook de la que era moderador, fue golpeado por un grupo de islamistas antes de ser puesto bajo custodia policial.
Imran Firasat fue deportado de Indonesia el 7 de julio de 2010. Pero sólo unos meses después de regresar a España, donde había residido entre 2004 y 2008, las autoridades españolas lo detuvieron a instancias de la Interpol y de los indonesios. Yakarta dice ahora que el 10 de junio de 2010 Firasat cometió un asesinato en su territorio, y que se le condenó el 16 de julio de ese mismo año. Increíblemente, eso significa que retuvieron a Firasat durante 27 días tras el presunto asesinato, que nunca lo acusaron por ello y que lo deportaron antes de condenarlo, nueve días más tarde, por el referido crimen. No resulta sorprendente que las autoridades españolas, tras dar a las indonesias la oportunidad de aportar pruebas, rechazaran finalmente la extradición y permitieran a Firasat residir en España.
Hasta que oyeron hablar de su película sobre Mahoma. Ante la declarada intención de Imran de exhibirla, las autoridades lo amenazaron con emprender una guerra legal. Firasat, entonces, se echó atrás. Sin embargo, el pastor estadounidense Terry Jones, famoso por su quema de coranes, decidió encargarse de distribuir la película por su cuenta. El reverendo Jones tenía una copia, ya que previamente Firasat había contactado con él para que le ayudara a darle publicidad. Así que, aunque Firasat no había exhibido la cinta, las autoridades llevaron a cabo sus amenazas y le retiraron el permiso de residencia.
Imran Firasat se halla en una especie de limbo legal; es un hombre sin país, atascado en España, donde puede ser detenido por la policía en cualquier momento. Sólo países como Indonesia lo quieren... para castigarle por sus palabras. Su única esperanza es tener éxito en el recurso contencioso-administrativo que ha presentado ante el Tribunal Supremo de España para poder recuperar su permiso de residencia.
Cuando España permitió a Firasat solicitar asilo, estaba al tanto de sus críticas al islam. Y de hecho le permitió ingresar a su territorio. Ahora, quizá debido a la creciente violencia islamista contra la libertad de expresión, los españoles quieren librarse de él. ¿Cómo se puede ser tan cobarde?