Quizá la Iglesia católica haya resuelto el contencioso que mantenía con el Estado por la oscura financiación a que éste la tenía sometida, durante los últimos años. Quizá la Iglesia se sienta satisfecha, porque algunas de sus demandas estén recogidas en la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado, que prepara el Gobierno socialista. Quizá la Iglesia considere que el PSOE ha sido más diligente y astuto que el PP a la hora de resolver el problema de su financiación. De acuerdo. Me alegro, porque se haga un poco de justicia a la inmensa labor que realiza la Iglesia no sólo en beneficio de sus creyentes sino de todos los españoles al margen de sus creencias religiosas.
Sin embargo, estoy convencido de que los derechos legítimos de la Iglesia nunca serán satisfechos por el Estado. Ésta sigue aportando, sobre todo en el ámbito de la asistencia social, mucho más de lo que recibe. Precisamente por eso, porque su aportación social, no me refiero a la moral y religiosa, es muy superior a lo que recibirá, la Iglesia católica tiene una reserva moral que nunca la hará rehén del Gobierno de turno. Tampoco del socialista. La Iglesia católica podrá, pues, solidarizarse con los más dañados y perjudicados por la Ley de Presupuestos que a ella misma beneficia. No estoy sugiriendo, como algún malvado imaginará, que la Iglesia renuncie a su legítimo derecho a favor de los más desposeídos, porque eso sería demagogia, comparación de asuntos incomparables, sino de que la Iglesia tiene toda la legitimidad moral para seguir criticando a un Gobierno que premia a los ricos contra los pobres.
En efecto, dado que el actual proyecto de Ley de Presupuestos, se mire por donde se mire, premia a los ricos, especialmente a la comunidad de Cataluña, en detrimentos de regiones mucho más pobres, por ejemplo, Andalucía y Extremadura, la Iglesia sabrá elevar su protesta a favor de la igualdad. La Iglesia, sobre todo la radicada en Cataluña, a través de sus obispos y pastores, sabrá llevar a cabo una tarea homilética, que muestre que la comunidad autónoma catalana no sólo es insolidaria con el resto de España sino que es terriblemente injusta con cada uno de los conciudadanos españoles. La Iglesia "catalana" sabrá explicar a sus feligreses cómo esta Ley presupuestaria les sustrae derechos individuales a todos los españoles para dárselos en abstracto a una región cuyos "gobernantes", a buen seguro, no sabrán repartir entre los ciudadanos españoles en Cataluña.
Mostrar, insistir y perseverar en que esas desigualdades son debidas, fundamentalmente, a que el actual Estatuto de Cataluña determina la injusta Ley de Presupuestos, sin duda alguna, será tarea de la Iglesia Católica catalana. Sí, explicar que la única manera de ser solidarios con el resto de españoles consistirá en transformar radicalmente el Estatuto de Cataluña, aprobado hace pocos meses con un mínimo respaldo ciudadano, porque es la pieza jurídico-política más insolidaria que ha dado Europa en los últimos cien años, será tarea clave de la Iglesia Católica catalana en los próximos años. Quizá, por desgracia, los obispos y pastores catalanes no se tomen en serio este problema porque su nacionalismo irracionalista prime sobre su fe católica y racionalista. Pero si así sucediese serán tan malos cristianos como nefastos ciudadanos. Esperemos por el bien de todos que los obispos catalanes sepan elegir entre la ciudadanía cristiana, que fue siempre horizonte de esperanza ciudadana, y el nacionalismo católico –nacional-catolicismo–, que sigue siendo el abrevadero de la exclusión ciudadana, la oscuridad integrista y la violencia totalitaria.
