El lunes, 19 de noviembre, dos periodistas, Francisco Rosell y Javier Caraballo, director y redactor jefe del diario El Mundo de Andalucía, respectivamente, serán sentados en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Sevilla por una denuncia del empresario más fuerte de la comunicación en Andalucía. El citado empresario no está de acuerdo con la información sobre los tejemanejes de la Junta de Andalucía en las Cajas de Ahorro, que incluso llevaron a un caso de espionaje al ex presidente de la Caja de San Fernando, don Juan Manuel López Benjumea. El empresario ha denunciado a esos periodistas porque, según él, de esa información del año 2001 se derivarían graves acusaciones contra su honor. Una información que, dicho sea de paso, fue también recogida por otros medios de comunicación a los que curiosamente el empresario político no ha denunciado. Es obvio que se busca un medio libre e independiente para golpearlo, pero, sobre todo, se trata de que ese castigo sirva de escarmiento al resto de los medios de comunicación de Andalucía. Lo decisivo es que nadie ose hacer un periodismo honesto, libre e independiente.
El mayor empresario de la comunicación en Andalucía arremete contra dos honrados periodistas por ejercer bien su oficio. El controlador de la publicidad institucional de la Junta de Andalucía en el resto de medios de comunicación sienta a dos periodistas independientes en un banquillo de acusados para exhibir su fuerza empresarial y política. Manuel Chaves, el todopoderoso empresario de la comunicación andaluza, aparte de político prominente del PSOE, ha denunciado a dos periodistas por haber publicado una noticia que, supuestamente, ofendería su honor. Pide a la justicia penal que a los dos acusados se les condene con una multa de 70.000 euros. ¡70.000 euros! Esa cantidad expresa algo más que un castigo a las modestas economías de dos trabajadores de la comunicación. Esa cifra contiene un nuevo ataque a la libertad de expresión, libertad básica para el desarrollo de la democracia.
Cuando la próxima semana veamos a esos periodistas en un banquillo, sabremos que estamos ante un caso paradigmático sobre la utilización torticera de la Justicia por parte de un político para dar un escarmiento a quien haga un uso legítimo de la libertad de expresión. El caso de Rosell y Caraballo es un ejemplo relevante del ataque a las libertades de información y expresión que sufre Andalucía durante los últimos lustros. A Chaves no le interesa en particular cuestionar la veracidad de la noticia que publicaba El Mundo (de Andalucía) y que fue también publicada, insisto, por otros medios de comunicación, sino dar un escarmiento a los periodistas para que sepan quién manda en Andalucía.
Chaves quiere un escarmiento para quienes no se sometan a sus dictados. De paso, naturalmente, el poder judicial se ve sometido a todo tipo de presiones del intervencionista y poderoso Ejecutivo andaluz. Si nada en la sociedad andaluza se hace sin el consentimiento de Chaves, menos aún se mueve un papel en la Justicia que no tenga en cuenta las manos alargadas de los voraces políticos del Gobierno andaluz. Sí, sí, Chaves, independientemente de que salgan absueltos estos honrados periodistas, ya ha ganado, porque ha conseguido que un juez admita su "querella criminal" a trámite. De este modo, Chaves no sólo persigue a los periodistas, es decir, cuestiona el derecho inalienable de la libertad de expresión, sino que fuerza e intimida a los jueces para que juzguen algo que no tiene ni pies ni cabeza. Gana siempre Chaves. Más aún, cuando la autoridad de Chaves está más cuestionada que nunca por las mentiras, las promesas incumplidas y los cientos de desmanes que un día y otro también comete la Junta de Andalucía, conseguir que un juez siente en el banquillo a dos periodistas libres y honestos es ya un triunfo para su menguada legitimidad política.
En fin, aunque no existen precedentes de una querella como la de Chaves ni de una fianza de 700.000 euros en un proceso por supuestas injurias y daños al honor, sería muchísimo más peligroso que ese tribunal condenase a los procesados en un caso tan obvio de ataque a la libertad de expresión. Esperemos lo mejor. Si fuera lo contrario, diríamos que, además de la muerte de la libertad de expresión, habría desaparecido la posibilidad de regenerar el tejido político de Andalucía.
