Garzón quiere marchase de España. Eso no significa cobardía. Garzón no es un cobarde. Este hombre no huye, sencillamente trata de colocarse en un organismo internacional, seguramente con la colaboración del Gobierno, desde el que pueda llevar a cabo su designio, vocación y destino. Quizá Garzón haya pedido el traslado a la Corte Penal Internacional de La Haya con el único objetivo de juzgar por crímenes de guerra al vencedor de la guerra civil española: Franco.

Se equivocan quienes creen que Garzón trata de zafarse de la justicia española pidiendo el traslado a ese organismo internacional. No, por favor, nadie piense que Garzón es un cobarde, alguien que pretende entorpecer una vez más las acciones adoptadas por un tribunal de justicia contra él. Garzón no tiene miedo a las acusaciones de cohecho y prevaricación, sino que busca un organismo, una institución, capaz de hacer compatible su destino con el del presidente Rodríguez Zapatero: juzgar a Franco por criminal de guerra.

No está aislado el juez Garzón en este asunto de juzgar por crímenes contra la humanidad a Franco. Por el contrario, está muy respaldado por rectores, partidos, sindicatos y, por supuesto, por el Gobierno que preside Zapatero. Desde luego, el asunto es raro. Son pocas las personas serias que dejan de criticar el lamentable espectáculo de los socialistas en general, y el Gobierno de Zapatero en particular, prestándole a este juez su apoyo político frente a la acción de la justicia. Resulta, en fin, curioso que el juez Garzón termine desembarcando en uno de esos organismos internacionales con tan poco prestigio jurídico como desconsiderado por el país más democrático del planeta, EEUU, que se niega a firmar su Estatuto; más aún, la Ley para la Protección del Personal de los Servicios Exteriores de EEUU pone en cuestión todo el entramado político y judicial de esta institución.

En cualquier caso, la llegada del juez Garzón a La Haya será no sólo un motivo más para deslegitimar ese organismo internacional, sino que convierte a España en un país poco creíble. Seguimos siendo el hazmerreír del mundo más civilizado. Mientras que durante la guerra civil nos miraron como salvajes, ahora nos tratan con desdén. Tenían razón entonces y ahora también. Somos diferentes. O sea, somos peores, y sobre todo susceptibles de ser aún peores, que el resto de nuestros vecinos. Somos, sí, mirados con reticencias y, sobre todo, con razones para desconfiar de nuestras elites políticas y judiciales. Así, grandes historiadores de España ven con extrañeza esta obsesión del juez Garzón y sus acompañantes por eliminar la etapa de la historia de España contemporánea que ha traído más sosiego democrático.

Por ejemplo, Stanley G. Payne, en un recientísimo artículo, mantiene que la democracia en España fue posible gracias a la conciencia histórica desarrollada durante el franquismo. Esa conciencia consiguió que olvidáramos lo más terrible y, posteriormente, recordáramos las culpas de todos. No hay, en efecto, genuino recuerdo sin olvido. Los españoles, en fin, recordaban las salvajadas cometidas en todos los bandos para no repetirlas. Pero, insisto, eso fue posible por una conciencia histórica, más aún, por una educación histórica y política que se desarrolló durante el régimen de Franco, especialmente su última etapa, que nos hizo desembocar en la democracia. No hubo, pues, ruptura. No podía haberla, porque el franquismo había evolucionado tanto, según Payne, que había generado su antídoto: la democracia.

En otras palabras, la Ley de Amnistía en particular, y el sistema democrático en general, llegaron a España gracias a que los líderes políticos y los votantes españoles no "se olvidaron" de la historia reciente de España, más aún, según Payne, porque "de todas las generaciones de la historia de la España contemporánea fueron las de la Transición las que mayor conocimiento y conciencia" tuvieron de esa historia alcanzamos un sistema democrático. "Eso explica, concluye Payne, la llegada de la democracia y también la ley de amnistía". Esta ley es, en efecto, tan importante para el sistema democrático que "cuando un juez", concluye Payne, "se propone violarla en vez de respetarla, inflige un daño fundamental al sistema democrático."

¿Sabrá algo de estos razonamientos de Payne el juez de La Haya que ha invitado a Garzón a formar parte de esa Corte Penal Internacional? Sospecho lo peor.