Estoy tentado a ironizar sobre el precio de un café. Consigo zafarme del engaño y mando a paseo la gazmoñería de los medios. No entiendo esa entrega ridícula a las imbecilidades propagandísticas de Zapatero. Resistamos a ese tipo de tentaciones y fijemos la mirada en el juicio del 11-M. La intervención de Díaz de Mera como testigo, a juicio del presidente del Tribunal, coloca en una situación absolutamente insostenible el proceso. Sin duda, el asunto es gravísimo no sólo para el proceso, sino para todos los españoles, que vivimos desazonadamente desde el mismo día del atentado, entre otras razones, porque hay políticos que no están dispuestos a aclarar nada sobre el particular.
En todo caso, es "comprensible" la actitud de los socialistas ante la declaración de Díaz de Mera que vincula la masacre del 11-M a ETA. Sería terrible que esto tuviera verosimilitud para sus tejemanejes actuales, y quizá pasados, con ETA. Ya no se trataría de que los socialistas tiendan a borrar la circunstancia extraordinaria que les ayudó a ganar las elecciones, sino que estaríamos hablando de algo más grave. ¿Cómo llamarle? Quizá colaboración para la conquista del poder. Dejemos el asunto de momento e, independientemente de lo que pueda suceder al final de este proceso, analicemos la reacción que los socialistas han tenido ante lo declarado por Díaz de Mera. La negativa del antiguo director general de la policía del PP a revelar el nombre de la fuerte que le aseguró la existencia de un informe oficial, encargado por la Comisaría General de Información, que relacionaba a ETA con la masacre del 11-M, puede considerarse de muchos modos, excepto de montaje contra el Gobierno, porque se descalifica a sí mismo en términos morales, políticos y, por supuesto, democráticos.
Quien se niega a dar el nombre de la fuente por motivos de conciencia a un tribunal de justicia, como es el caso de Díaz de Mera, asumiendo todos los rigores de la ley, el oprobio de sus conciudadanos, la estigmatización de su partido y, por supuesto, la crítica de la oposición, puede calificarse de muchos modos, salvo como lo ha hecho el PSOE por boca de Camacho, actual secretario de estado de Seguridad. Resulta impresentable moral y políticamente esta reacción. Sólo la estulticia, la mala fe o, peor todavía, el miedo a la verdad puede llevar a descalificar las declaraciones de Díaz de Mera como un montaje perverso contra el Gobierno. Falso. Díaz de Mera ya está sufriendo, primero, el castigo que le ha impuesto el juez por no cumplir el artículo 710 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; en segundo lugar, soporta la presión de su propio partido, porque ya ha sido instado a través de su líder, Mariano Rajoy, a que colabore con la justicia como cualquier ciudadano; y, en tercer lugar, está siendo objeto de críticas sociales aceradas por muchos los medios de comunicación que no comparten su desobediencia a la ley por motivos de conciencia.
Quizá sea verdad, como han criticado algunos colegas, que Camacho ha reaccionado como si tuviera algo que esconder, o peor, como si tuviera miedo a que apareciese ese informe citado por Díaz de Mera. No estoy seguro, pero de lo que estoy convencido es que el director general de la policía no respeta el legítimo derecho que tiene todo ciudadano, también Díaz de Mera, a desobedecer civilmente la ley. Por eso, digo que la "democracia", o mejor, los políticos que no respetan la objeción de conciencia ni la desobediencia civil, o sea, no colaborar con la justicia por motivos de conciencia, no merecen llamarse demócratas.
Podrá gustarnos más o menos la posición de Díaz de Mera, aprobarlo o desaprobarlo políticamente, pero no respetar su conducta radicalmente civil y democrática revela un profundo resentimiento totalitario, exactamente igual al que han manifestado algunos dirigentes del PSOE ante la negativa de Díaz de Mera a revelar su fuente de información. No se trata de un caso de ética contra política, sino de respeto a la democracia.
