Pérez Rubalcaba ha dicho que "España no puede negar la decisión de un Parlamento regional", o sea, el Tribunal Constitucional no es nadie para decir que el Estatuto de Cataluña es inconstitucional. Posteriormente, el propio ministro del Interior ha rectificado sus declaraciones con la excusa de siempre: "Mis palabras fueron sacadas de contexto". La rectificación del ministro plantea una cuestión con respuesta incorporada: ¿Cree alguien con sentido democrático la rectificación de este personaje? Yo, desde luego, no me creo una sola palabra de este sujeto.
¿Y usted, querido lector, acepta la disculpa del ministro del Interior? Seguramente tampoco le prestará demasiada atención a un desmentido del personaje que ha hecho de la mentira su principal alimento de trabajo. Entonces la cuestión que se plantea es obvia: ¿Quién confía en este desmentido? Pocos... Ni siquiera sus propios votantes confían en este hombre, que es aceptado, según declaran su millones de seguidores, porque es listo para engañar y perseguir a la oposición. En verdad, los españoles tienen tanta confianza en Rubalcaba como Corbacho, ministro de Trabajo, en su capacidad para solucionar el problema del desempleo. Ninguna.
La desconfianza, pues, de los españoles en este hombre es tan absoluta que aparece como un síntoma, entre otros muchos, de la descomposición del poder socialista. ¿Descomposición? Sí, sí, porque, aparte de la desconfianza que genera en propios y extraños este Gobierno, tenemos ejemplos y acontecimientos para aburrir que nos ayudarían a conformar un mural sobre esa fragmentación del poder socialista; la huida de Jordi Sevilla de la vida parlamentaria, la retirada del poder de Solbes, la práctica desaparición de todos los que empezaron con Zapatero la aventura del poder y, en fin, el fiasco del Decreto Ley de los 420 euros son otros tantos casos que hacen visible el resquebrajamiento del poder.
Sin embargo, Zapatero persiste en conjurar esa descomposición con más populismo, o sea, utilización torticera de la mayoría parlamentaria y estigmatización del adversario con el uso, abuso e, incluso, utilización subversiva de todos los aparatos del Estado, especialmente los vinculados a la Justicia. En efecto, por un lado, para Zapatero y sus ministros quien tiene la mayoría en el Parlamento, quien tiene más escaños, puede hacer lo que le venga en gana. Nadie como este Gobierno ha utilizado mejor el populismo como patología de la democracia electoral-representativa. El último ejemplo de este uso perverso de los ideales democráticos lo dio ayer la ministra de Economía, Elena Salgado, al recriminarle a Rajoy que él no es nadie para criticar las "medidas económicas del Gobierno", entre otros motivos, porque "ha sido suspendido por dos veces en las elecciones frente a Zapatero" (sic).
Y, por otro lado, Zapatero no entiende la Justicia nada más que como represión, sanción y, por supuesto, estigmatización del adversario político; sin duda alguna, en este punto le sobran razones al PP para denunciar al Gobierno: las escuchas telefónicas a los líderes del PP, las filtraciones a la prensa de los sumarios judiciales y, en fin, ese exagerado celo de la Fiscalía General del Estado y de la Policía a la hora de perseguir los delitos de corrupción de los del PP frente a los del PSOE, son muestras más que suficientes para criticar el objetivo prioritario de Zapatero: la inversión de los ideales de una justicia imparcial en un sistema democrático.
¿Cuánto durará este populismo? Eso dependerá del tipo de oposición que se ejerza... De momento, gana el populismo por goleada, a pesar de la fragmentación del "poder democrático" del Gobierno.