Desconfianza de las instituciones

Claro que existen excepciones, pero es una verdad antigua, una gran verdad del liberalismo, que sin libertades no hay desarrollo económico. Es imposible salir del subdesarrollo, despegar económicamente y competir con otros países sin libertades y excelencia de las instituciones. Por esa misma razón podemos decir que la crisis económica aquí es peor, muchísimo peor, que en otras democracias europeas. Las libertades, sí, son aquí menores que en otros lugares de la UE. El uso del castellano, o peor, la prohibición de la lengua común en determinados lugares de España ya es un índice de nuestras disminuidas libertades. De ahí que la situación económica española también es una excepción en el entorno de la Unión. La crisis golpeará a nuestro país de modo más severo que al resto de naciones aliadas y competidoras de España.

Pocos analistas de la coyuntura económica mundial han dejado de resaltar que España es el país con peores perspectivas económica de nuestro entorno occidental. Naturalmente, las causas de este deterioro son múltiples, pero hay una que, reitero, es determinante: la baja calidad de nuestro sistema democrático. Si la calidad de las instituciones democráticas es un factor decisivo del crecimiento económico y la competitividad entre las naciones, entonces la conclusión es obvia: malas, muy malas, tienen que ser nuestras instituciones, cuando estamos abocados a una de las crisis económicas más duras que este país haya vivido en las últimas décadas.

El retraso de las instituciones democráticas respecto a los países de nuestro entorno es cada vez más grande y costoso, si prestamos atención al diagnóstico reciente de Juan Antonio Sagardoy: "La calidad institucional de España es en 2008 menor que hace diez años, tanto en términos absolutos como en comparación internacional". Eso, en mi opinión, no es retraso. Es algo peor. Vamos para atrás tanto desde el punto de vista político como desde la perspectiva económica; en efecto, políticamente ha descendido significativamente la calidad de nuestra democracia porque en las dos últimas elecciones la mayoría ha preferido, por decirlo en términos de Tocqueville, la igualdad con un "régimen" más despótico a la diferenciación en libertad. Respecto a la situación económica, nadie en su sano juicio puede decir que nuestras instituciones democráticas, empezando por el Gobierno, han colaborado a simplificar y agilizar los mecanismos que hagan posible un desarrollo acorde al de nuestros vecinos. Baste recordar el caso Endesa.

Es obvio que, si dejamos aparte la institución del Gobierno, que es, sin duda alguna, una de las peor valoradas por los agentes económicos internacionales, es el caótico y desordenado "desarrollo" autonómico uno de los principales causantes del deterioro de nuestra economía. La economía, sí, funciona y crece cuando hay confianza en las instituciones políticas, pero qué fiabilidad pueden ofrecer comunidades que viven de amenazar permanentemente al Gobierno central de independizarse del Estado central; o peor, qué tipo de confianza puede ofrecer un presidente de Gobierno que no cree en el concepto de Nación, cuando no se pone al frente de un proceso secesionista como es el que se desprende del Estatuto de Autonomía de Cataluña.

En fin, cuando todo es posible, incluso la negación de una crisis económica que cualquier persona sensata reconoce, entonces el despotismo se vuelve más que probable. ¿Despotismo? Sí, sí, el Gobierno de Zapatero no pretende otra cosa que seguir sacando réditos electorales de una crisis económica terrible. La poca calidad de las instituciones democráticas se irá por el sumidero de la crisis económica, pero, ¡ay!, a la secretaria general del PP sólo se le ocurre decir o que "la politización de la economía" le pasará una seria factura a Zapatero. Supongo que eso significa que los ciudadanos le darán la espalda al PSOE en las próximas elecciones y, por el contrario, votaran las candidaturas de la señora De Cospedal. Quizá. Pero, sospecho que pudiera ser al revés si el PP no pasa de las leves "amenazas" al análisis crítico sobre la baja calidad de las instituciones que soportan el sistema político español, o sea, partidos, parlamentos, sindicatos, patronales y poder judicial. ¡Casi nada!