Me llama Salvador Ulayar consternado por la medida del Fiscal General del Estado. Salvador, que presenció el asesinato de su padre cuando era un adolescente no ha dejado de sufrir desde entonces. Salvador ha visto de todo, incluso como el asesino, cuando salió de la cárcel, fue recibido con honores en su pueblo, pero, ahora, está hundido por lo que considera el pisoteo de su dignidad de victima. Nadie podía pensar que Zapatero, me dice con tono indignado, pudiera planificar ideológicamente la excarcelación de criminales. Nadie, en efecto, podía pensar que el Ministerio Fiscal, el llamado Ministerio Público, que defiende, o debería defender, el interés público, o sea, el de la sociedad, se ponga al servicio de unos condenados, de unos delincuentes, que a través del uso torticero de las leyes, y protegidos por una organización criminal, sólo pretenden eludir la acción de la Justicia.
Motivos le sobran a Salvador para estar hundido. ¿Qué hacer? Darle toda nuestra solidaridad a él y a todas las víctimas, pero también movilizarnos y salir a la calle a gritarle a Zapatero que pare, que ya está bien, que estamos hartos de entreguismos al terror. Sin embargo, lo grave es que estando de acuerdo con Salvador muchos españoles de bien, incluso los votantes del PSOE, no conseguiremos todavía movilizarnos porque nos tienen estabulados, o peor, secuestrados y narcotizados con la soflama de que “aquí no pasa nada”. Malvados.
Todo está cada vez más claro, pero será necesario repetirlo por si alguien aún no ha captado la gravedad del asunto. El pacto de Zapatero con los independentistas pasa por la excarcelación de asesinos de ETA. La argucia legal que utilizará el Gobierno es la llamada acumulación de condenas, que pondría en la calle en poco tiempo a tipos tan sanguinarios como Parot y Pakito. Zapatero quieren encubrir la tropelía y recurre al uso perverso de las instituciones del Estado de Derecho, en realidad, da ordenes taxativas para que entre en acción el Fiscal general del Estado, quien ya ha aceptado, por decirlo suavemente, esa “argucia legal” de la acumulación de penas como criterio de unidad de actuación de todos los fiscales. Por supuesto, nadie en su sano juicio puede pensar que este es un criterio técnico, sino político e ideológico. No obstante, la actuación a todas luces injustas, del Gobierno y el Fiscal General del Estado será presentada por algunos como un problema de una ley injusta. Falso. Todo eso es faramalla ideológica.
En cualquier caso, si la Fiscalía General del Estado quisiera actuar con criterios de racionalidad recurra a la “discrecionalidad”, que es una figura jurídica muy interesante para poner límites al principio de jerarquía y sumisión al Gobierno, o sea, que opte entre medidas legales por la racional, y nadie, excepto los independentistas y Zapatero, dejará de reconocer que los etarras deben cumplir toda su condena. En fin, nadie lo dude, que si hubiera un Fiscal General del Estado sensato haría funcionar los principios de legalidad e imparcialidad, a los que está sujeto, muy por encima del principio de jerarquía o sumisión. Si el principio de legalidad fuera utilizado con la prudencia debida, o sea, como pretendía Fungairiños, los asesinos de ETA se pudrirían en la cárcel toda su vida.
