Me ha llamado alarmado un antiguo condiscípulo por la providencia abierta por Garzón. Es un juez alemán. Estuvimos varios años compartiendo el magisterio de Habermas; concretamente, asistimos regularmente a dos cursos de doctorado y un par de seminarios impartidos por el maestro de Frankfurt, más tarde repasamos juntos el libro de Habermas surgido de ese trabajo, titulado Facticidad y validez, una de las reflexiones más importantes del siglo veinte sobre la viabilidad del Derecho como garante del sistema democrático. Vamos, que mi amigo alemán, además de ser juez de carrera, sabe de lo que va esta historia sobre los fundamentos y límites del derecho en el mundo contemporáneo; es más que un pragmático, conoce bien la importancia del vínculo entre ser moral y ser juez, acaso por eso está más alarmado que muchos de los jueces que se dirigen por la mera facticidad del "derecho del más fuerte".
Por otro lado, mi amigo no comprende como la institución de la justicia puede ponerse al servicio de intereses espurios en una democracia, como la española, que está lejos de haber demostrado su calidad al resto del mundo. El juez Garzón, pues, ha vuelto a demostrar con su peregrina iniciativa judicial que es un juez al servicio de Zapatero. Actúa, y él ha sido el primero en reconocerlo explícitamente, en función del partido político en el poder. Por lo tanto, la indagación abierta sobre los desaparecidos de un bando de la guerra civil, se mire por donde se mire, responde al interés ideológico de Zapatero por llevar a cabo un proceso revisionista de nuestra guerra civil del que pueda extraer no sólo rentabilidad electoral, sino algo más perverso: erosionar las instituciones judiciales hasta el punto de que éstas únicamente sirvan para "legitimar" a los socialistas y los nacionalistas frente a cualquier otra opción política.
Desde ese punto de vista, aparte de absurdo, parece suicida que el PP diga que no le interesa entrar en ese debate y, además, no quiere darle protagonismo a Garzón. Sin embargo, por desgracia, no es Garzón el actor principal y único de ese proceso de erosión de las instituciones jurídicas al que asiste ensimismada la sociedad española por un lado, y la oposición por otro, sino la propia Audiencia Nacional que a través de un comunicado de su Junta de Jueces Centrales apoyan la providencia abierta por el juez Garzón y arremeten corporativa y demagógicamente contra quienes critican una resolución al servicio del Gobierno de Zapatero. Claro que un periódico, como El Mundo u otro cualquiera, puede criticar una resolución y toda una trayectoria de un juez que ha hecho de la utilización de las instituciones judiciales su principal programa. Claro que forma parte del debate público y político el que un juez "no tuviera tiempo de transcribir las cintas de los islamistas que tal vez hubieran evitado la masacre del 11-M" y, por supuesto, también tiene que entrar en la agenda política que ese mismo juez aún no haya sido capaz "de investigar quien dió el chivatazo a los recaudadores de de ETA" para que no fueran detenidos por la policía española.
Los jueces de la Audiencia Nacional, conocidos por los apellidos Pedraz, Moreno, Grande, Andreu y Velasco, que han arremetido con poco fundamento jurídico y sí muchos motivos ideológicos de carácter corporativo contra quienes han cuestionado la providencia de su compañero Garzón, también son ya protagonistas de ese proceso que ha llevado ya a millones de españoles a desconfiar por completo de la Justicia en general y de las iniciativas de algunos jueces en particular.
¿Qué juez europeo en su sano juicio y sin intereses ideológicos se atrevería abrir ese tipo de iniciativa para enjuiciar el pasado y a sus muertos? Desde luego, mi amigo alemán, juez en ejercicio en un país democrático, huye de la providencia de Garzón como de la pólvora.