Todo era previsible. Pero ahora aguantar es todo. La secesión de un territorio de una nación es el crimen más horrendo que puede llevarse a cabo en tiempos de paz. Por eso, quiero creer que el Estado de Derecho será implacable con los criminales. La voladura sin control del Estado de las Autonomías llevada a cabo por los secesionistas catalanes nos sitúa en el precipicio de la desaparición de España. Llegados a este punto, es menester repetir: o apoyamos a Rajoy o hacemos literatura política. Nada tengo en contra de la segunda opción, pero ahora se trata en primer lugar de parar el golpe de Estado y la destrucción del sistema democrático. Apoyemos a Rajoy sin condiciones. Luego, ya hablaremos.
Son muchísimos los mecanismos jurídicos que tiene el Estado para detener el proceso de destrucción de la unidad de España. Es innecesario recordar todas las vías que tiene el Ejecutivo tanto en el ámbito constitucional como en el administrativo y el penal para proteger a los españoles del golpe de Estado de los secesionistas. El Gobierno conoce mejor que cualquier particular todos esos mecanismos y estoy convencido de que los utilizará. Ahora no le queda otra alternativa. Yo pongo toda mi confianza en el Gobierno y, por supuesto, aplaudiré la aplicación de su principal arma: el monopolio legítimo de la fuerza. El Gobierno tiene la posesión de la coacción legítima y de la fuerza para hacer cumplir las leyes y las decisiones de los tribunales.
Mientras se restablece por parte del Gobierno de España el orden legal y democrático en Cataluña, nadie olvide que todas las instituciones democráticas en Cataluña están en vilo, o peor, suspendidas, es obligación ciudadana confiar en su Gobierno y, de paso, pensar por qué hemos llegado hasta aquí. Nadie debería escurrir el bulto. Malos son los políticos, pero quizá sean peor los que culpan de todo a los políticos. Aquí nadie es inocente. Asistimos a un golpe de Estado que nos pone a todos en cuestión y, sobre todo, muestra la debilidad de determinadas instituciones. Me parece que este proceso secesionista la institución democrática más dañada es la Constitución de 1978. Necesita una reforma urgente, pero no para dar más autogobierno a las Autonomías, como diría Sánchez, sino para apuntalar el Estado de Derecho que es fundamento de la democracia. En esta perspectiva es de agradecer el empeño que han puesto la mayoría de los juristas serios de este país por dejar claro que o se reforma la Constitución para que el Estado pueda atajar de modo inmediato el incumplimiento de la ley por parte de cualquier autonomía o la democracia es inviable.
Cuando unos políticos parapetados en un único poder soberano, que llaman Parlamento, saltándose cualquier ley superior o control de sus decisiones, o sea, cuando unos golpistas pueden hacer y deshacer a su antojo hasta el punto de que todo el país está pendiente de ellos, es de agradecer el compromiso de los mejores juristas de España con la democracia. Sí, quienes consideran que el Derecho todavía es una institución civilizadora están dejado claro, durante esta crisis, que debería reformarse ya la Constitución para que el Estado no quede inerme o desprotegido a la hora de hacer cumplir la ley a quien la transgrede constantemente, como ha sido el caso del nacionalismo catalán en los últimos veinte años. Si el juego de los separatistas contra las leyes de la democracia nos ha llevado al borde del abismo, entonces será necesario de modo urgente reformar la Constitución para asegurar no sólo la lealtad de los dirigentes políticos regionales sino la debida atención a los intereses generales de la nación. Hagamos de la necesidad, en fin, virtud y reconozcamos que este golpe de Estado de los secesionistas nos ha enseñado que cualquier otra reforma de la Constitución, que no sea asegurar el poder del Estado sobre los mesogobiernos regionales, es un engaño. La lección de democracia que están dando casi todos los juristas a los españoles es no sólo dignao de encomio, sino también de imitación por parte de todas las élites intelectuales del país. ¿Cuánto tenemos que esperar todavía a que las Academias –las de la Lengua, Historia, Jurisprudencia, Morales, etcétera- de este país hagan una declaración pública contra el golpe de Estado de los secesionistas catalanes?