La juez instructora por el caso de la muerte de 11 personas en el incendio de Riba de Saelices (Guadalajara), en julio de 2005, ha imputado a varios altos cargos políticos de la Comunidad de Castilla-La Mancha, pero, antes de que se celebre el juicio, los socialistas de esa región han hecho "de todo" contra esta juez de Sigüenza para que archivara la causa. Los socialistas utilizaron todos los medios a su alcance para desacreditar la instrucción de la jueza. Primero fueron declaraciones de los socialistas en todos los medios de comunicación para estigmatizar su persona y, de paso, desprestigiar el trabajo de la instrucción. No podían aceptar esa instrucción, sencillamente, porque imputaba a altos cargos socialistas en la causa abierta por la juez.

Posteriormente, los socialistas iniciaron unas sesiones tormentosas en la sede de las Cortes Regionales de las que salió una resolución, naturalmente firmada por el rodillo socialista, para que la juez archivara o dejara sobreseída la causa. Las presiones han continuado contra el auto de la juez María del Mar Lorenzo; nada tengo contra las objeciones de carácter legal, por ejemplo, el recurso judicial de la Junta contra el auto, pero nadie decente puede dejar de considerar como una injerencia al borde de la ilegalidad las declaraciones siguientes del consejero de Agricultura de la comunidad: "La juez de Guadalajara no es consciente de la repercusión de su auto, porque ha generado inseguridad en los trabajadores de los servicios de extinción de toda España."

Tampoco son de recibo ético, menos aún jurídico, las palabras del portavoz del PSOE en las Cortes Regionales: "Ha sobreseído a personas que encendieron el fuego, e intenta sentar en el banquillo a otras que trabajaron para apagarlo." Cualquiera con un poco de sentido común puede ver fácilmente que la juez ha sido presionada y, obviamente, "perturbada su independencia por medio de ataques que ponen en riesgo su capacidad de decidir sin presiones", según recoge el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder judicial.

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial niega tales presiones y, por lo tanto, desestima el recurso de amparo solicitado por la juez de este caso. He aquí el último ejemplo de la absoluta dependencia del llamado poder judicial o CGPJ de la casta política. La juez, al sentirse presionada por los socialistas de Castilla-La Mancha, ha pedido amparo para hacer su trabajo con rigor y profesionalidad, pero el CGPJ, como era de esperar, lo ha denegado. Dos enseñanzas, al menos, podemos extraer de este caso. La primera es que todavía hay jueces que se toman en serio su trabajo, o sea, jueces que pretenden extender su pequeña isla de racionalidad sobre el mar de oscuridad y tinieblas de la vida pública española.

Gracias a estos jueces que aún creen en la justicia existe cierta esperanza sobre el porvenir del poder judicial para transformar un "régimen político" cada vez más alejado de las democracias occidentales. Queda, pues, algo de esperanza en la soledad de esta juez que ha sido abandonada a su suerte por la institución que debería protegerla. Actuaciones como la suya dan pie a imaginar que la justicia en España es una isla en el mar de la praxis justiciera de los políticos. Pero, en verdad, la realidad es más terrible. El desamparo profesional de quienes quieren ejercer la justicia en una institución "injusta" revela la gran contradicción de la democracia española. En efecto, por mucho que algunos jueces quieran actuar con profesionalidad e independencia, no conseguirán cambiar un "orden" injusto y al servicio del poderío de los políticos en general, y de los socialistas en particular.

La justicia en España es, pues, algo que a veces, cada vez con menos frecuencia y de forma extraña, funciona de forma independiente de la voluntad del poder ejecutivo, entre otros motivos, porque el comportamiento del CGPJ siempre está determinado por el poder del Gobierno socialista. A eso se llama triunfo del uso alternativo del Derecho: si favorece los intereses de los socialistas es, por decirlo suavemente, "Derecho"; por el contrario, si los limita es una "injusticia". Está claro que la institución de la Justicia en España no funciona. Los ciudadanos que tienen capacidad de juicio, cuando son preguntados, así lo reconocen una y otra vez; pocos son los que creen en que la justicia española sirva para algo que no sea encubrir las arbitrariedades e injusticias de los poderosos, es decir, de los políticos que la utilizan para encubrir sus responsabilidades, culpabilidades y fechorías.