Los objetores de conciencia han sido más que derrotados. Han sido vapuleados ideológicamente por un régimen infame de "derechos". Esto ya no es, definitivamente, una democracia con tres poderes que se contraponen, sino un poder Ejecutivo que, aparte de utilizar a su antojo todos los poderes del Estado, da y elimina derechos. Los padres de familia que han objetado en conciencia, sí, de acuerdo con la libertad que les garantiza un derecho constitucional han sido despreciados. Los jueces de este Tribunal Supremo, como en el pasado lo estuvieron los jueces de la dictadura de Franco, están al servicio del poderoso.
El fallo de este tribunal contra los padres objetores de conciencia es uno de los efectos, uno más de la cadena larga de injusticias, que se han derivado de la utilización de la famosa Ley Orgánica del Poder Judicial, aprobada en el ya lejano 1985, que pone a disposición del Ejecutivo el poder judicial. Nadie se engañe, por lo tanto. El fallo del Tribunal Supremo es terrible. La objeción de conciencia, ese grandioso derecho entre derechos, ha sido mancillado por un tribunal político, sí, dependiente de las órdenes y directrices del Gobierno socialista. Lo peor de la sentencia ya es conocido. Y precisamente porque está lejos de mí rehuir el debate político y jurídico, afirmo que es falso, radicalmente falso, mantener que no debería haberse recurrido, en los llamados tribunales de justicia, por motivos de objeción de conciencia la asignatura impuesta por el Gobierno de Educación para la Ciudadanía.
No estoy de acuerdo, por lo tanto, con la opinión de Requero. Quien así opina tiene una concepción del derecho, por decirlo suavemente, más cercana a un Estado "fuerte" –sí, sí, defiende una concepción donde el Estado está por encima de la sociedad civil– que a una democracia avanzada. En efecto, la objeción de conciencia no la puede otorgar nadie, según pretende hacernos creer el tribunal que ha fallado contra los padres que han recurrido a los tribunales. No hay mito alguno, en verdad, que sustente concepto tan grandioso. No hay instancia "positivista" que legitime ese derecho por el que han dado la vida tantos y tantos grandes hombres, por ejemplo, Tomás Moro.
Sin embargo, ese tribunal es tan pretencioso que ha querido aniquilar el "derecho" de todo hombre a tener derechos porque lo dicta su conciencia. Seamos serios, pues, cuando hablamos de un derecho fundador del resto de derechos. Ese "derecho", como sabe cualquiera que esté educado en tradiciones democráticas, es más que un derecho. Es, sí, un protoderecho. Un derecho primero y fundante de otros derechos que, por fortuna, está garantizado en la Constitución española por eso que llamamos, y fácilmente olvidan los leguleyos y positivistas, libertad de conciencia. Por este camino, y más allá de los tristes "argumentos" que recoja la sentencia de este tribunal político al servicio del Gobierno socialista, la Constitución ha vuelto, otra vez, a ser violada. Parece que es el trágico destino a que ha quedado reducida la norma fundamental de España.
Porque la objeción de conciencia es un principio básico en que se fundamenta la propia democracia, es obvio que no se necesita una ley, ni nada parecido, que nos diga cuando tenemos que ejercitar la objeción de conciencia tan cercana y, a veces tan falsificada, con la desobediencia civil. El Estado no tiene el privilegio, o la gracia, de otorgar los derechos. Por desgracia, en este punto tan cruel y salvaje contra nuestra Constitución, la sala tercera del Tribunal Supremo coincide con la posición expresada aquí por José Luis Requero, en su artículo "Ahora empieza la batalla". Ni la sala tercera de ese tribunal ni el magistrado Requero admiten que un "ciudadano pueda hacer objeción de conciencia sin que una ley lo reconozca". Falso.
Repito las dos razones de esa falsedad. La primera es que la objeción de conciencia es más que un derecho; es un protoderecho, o mejor, un derecho primario y fundamental, base y esencia de otros derechos políticos. Segunda, hay base suficiente en nuestra Constitución y, sobre todo, en la jurisprudencia surgida de los altos tribunales para que el Tribunal Supremo hubiera admitido el derecho de objeción de conciencia para recurrir la asignatura de adoctrinamiento. En pocas palabras, es el "sentido de la injusticia" inserto en los decretos del Gobierno, que justifican la imposición de esta asignatura, lo que ha llevado a los padres de familia a objetarlos en conciencia, o sea, a decir No. Por aquí no pasamos.
En fin, reconozcamos que se ha perdido la batalla de la objeción de conciencia. Pero, a pesar del Gobierno y sus afines, queda abierta la de la desobediencia civil. Vale.