ERC y CiU regresan, bajo un lenguaje indecente e insultante, a una idea del Ancièn Regimen, que busca los fundamentos de la nación en la sangre, la tierra y el tradicionalismo, que no las tradiciones, sin querer saber nada del derecho, de los derechos liberales y modernos. Vuelven, sí, con renovados ánimos, especialmente los insuflados por Rodríguez Zapatero, los energúmenos que desprecian los genuinos derechos, los individuales y subjetivos, para hablar de unos oscuros y ambiguos “derechos históricos” sobre los que tal vez “fundamentarían” una gregaria convivencia. Si esta gente persiste en esta patraña, también nosotros tendremos que reiterar que eso es una filfa, un engaño, un “vestigio”, por decirlo suavemente, del antiguo régimen sin sentido en un sistema democrático. Cataluña, pues, como comunidad autónoma no preexiste antes de la Constitución española de 1978.
Ningún liberal cabal, ni por supuesto ningún demócrata liberal, en realidad, ningún demócrata serio y honrado, podrá quedarse callado, impertérrito, cuando oiga hablar de “derechos históricos”, una contradicción en los términos, una expresión insultante para cualquier ciudadano que aspire a una convivencia cívica a partir de una idea más o menos evolucionada de nación moderna basada en el Estado de Derecho. Cuando los nacionalistas catalanes hablan de “derechos históricos”, en verdad, no pretenden otra cosa que terminar con la idea de pacto, de contrato, como fundamento de la ciudadanía. Porque este personal de ERC, CiU y muchos del PSC siguen sin creer en la idea de España-nación democrática, fundamentada en la Constitución de 1978, exigen la vuelta a los planteamientos medievales. Se trata de destruir España y con ella todos los derechos, que el ciudadano ha conseguido sólo por pertenecer a la nación española.
Las conquistas del individuo cederían ante la presión de la tribu, de la plebe y, en un sentido muy determinado, del pueblo. Desaparecería el ciudadano español en Cataluña, cosa más real y plausible de lo que algunos sospechan, para que el “pueblo” catalán ocupe su lugar. No serían los individuos-ciudadanos, sino el pueblo catalán el depositario de todos los derechos. Algunos dirán que estoy caricaturizando, pero estos son, ciertamente, los pobrísimos argumentos que hay detrás de quienes esgrimen unos “derechos históricos”, que nadie, y menos ese Institut d´Estudis Autonomics al servicio del nacionalismo separatista, sabe definir en estricta lógica jurídica.
