A pesar de que el Estatuto de Cataluña comparte cientos de maldades con los de Andalucía y Baleares –sin duda alguna, y para que nadie se llame a engaño, a esas perversidades también ha contribuido el PP por haber aceptado una discusión tramposa con el Gobierno, que sólo pretendía destruir la Constitución por esta vía de reforma de los Estatutos–, la voluntad del primero de ser una ley de leyes para un futuro Estado-nación catalán, que tiene una de sus mejores expresiones en la admisión de la bilateralidad de relaciones entre el Gobierno y la Generalitat, es la diferencia esencial entre el Estatuto Catalán y el resto de los Estatutos aprobados.

Es, precisamente, ese carácter de bilateralidad que recorre todo el texto del Estatuto catalán, que llega incluso a auto-percibirse como una Constitución de un inmediato Estado-nación catalán, el principal argumento, digan lo que digan los enredadores del Gobierno, para que el Defensor del Pueblo y el PP hayan presentado un recurso de inconstitucionalidad en el Alto Tribunal. Sin embargo, el Gobierno ha obligado a la Abogacía del Estado a presentar un "recurso" para que el Tribunal Constitucional iniciara un trámiteque lo obligara a pronunciarse sobre la coherencia o incoherencia del recurso planteado por el PP que ha respaldado, según el Gobierno, otros Estatutos que repetían al menos 30 artículos del catalán.

Independientemente de que este tortuoso camino utilizado por el Gobierno y los nacionalistas no tenga otro propósito que dilatar el proceso de decisión del Tribunal Constitucional sobre la inconstitucionalidad del Estatuto catalán, parece obvio que hay una voluntad no sólo de destruir la verdad, es decir, la diferencia esencial entre el Estatuto de Cataluña y el resto de Estatutos, sino de algo más grave, a saber, quitarle a ésta su lugar en el proceso civilizatorio que tratan de cumplir instituciones como el derecho, la prensa y la universidad. Sí, sí, bárbaro es el procedimiento utilizado por el Gobierno para arremeter contra la verdad, porque no tiene en cuenta la diferencia esencial entre esos Estatutos, pero el apoyo que ha hallado esta maniobra en el periódico El País y en algunos medios universitarios es para desconfiar de por vida de las funciones políticas que estas instituciones, especialmente prensa y universidad, tienen como generadoras de verdad.

En todo caso, la cuestión que ahora se plantea es sencilla: ¿Podrá el salvajismo del poder socialista y nacionalista imponerse a la fuerza propia de la verdad, o sea, a la diferencia esencial de esos Estatutos? ¿Podrá Zapatero derrotar, una vez más, la verdad? De momento, por fortuna para los constitucionalistas, parece que el Tribunal Constitucional ha desestimado, o sea, no ha tramitado, aunque El País se empecine en decir lo contrario, el escrito de la Abogacía del Estado y lo "ha archivado sin más trámite" comunicándolo a las partes que forman parte del proceso. La pieza del Abogado del Estado, simplemente, ha quedado incorporada como un documento más de la causa. Felicitémonos por ese proceder del Constitucional. Reconozcamos que, por mucha que sea la violencia y persuasión utilizada por los poderosos para manipular la verdad, a veces no lo consiguen. Es como si la verdad tuviera una fuerza propia que la hace irremplazable. Apelar a esta fuerza quizá sea, hoy por hoy, la última esperanza democrática que nos cabe a los ciudadanos españoles.

Esperemos, en efecto, que la verdad cumpla su función política. Pero, por favor, nadie cante victoria, porque la obsesión de Zapatero está triunfando en casi todas las instituciones importantes de la sociedad española. Sí, su geométrica y perseverante actitud de derrotar la verdad, sin importarle que ésta sea de hecho o de razón, religiosa o política, histórica o coyuntural, le está dando frutos electorales. Y, precisamente, por eso, lo decisivo para Zapatero, desde aquí hasta las elecciones, es ganarle a la verdad la batalla. No se trata, ¡ojo!, de destruir la verdad, sino de algo aún más perverso. Es menester reemplazarla. He ahí el secreto de la "política" de Zapatero. Eliminar de raíz la función política de la verdad es, en efecto, el objetivo fundamental del Gobierno en particular, y de los socialistas y nacionalistas en general.