Un viento de violencia brutal recorre España por todas partes. El pistolerismo político empieza a ser hegemónico en la vida pública española. Presidentes de comunidades autónomas se niegan a celebrar el día de España. Dirigentes políticos amenazan a los ciudadanos por celebrar el día de la fiesta nacional. Son numerosos los ayuntamientos que desobedecen las normas más elementales para sembrar la violencia. El pistolerismo político y la puesta en cuestión del Estado de Derecho es parte sustancial de los partidos separatistas vascos y catalanes. La inacción de los diferentes gobiernos de España contra esas formas violentas nos ha conducido a la instalación de un ambiente de violencia que nadie sabe cómo puede acabar. La responsabilidad, pues, de ese ambiente irrespirable es de quien lo crea y, sobre todo, de quien es incapaz de atajarlo con medios legales y legítimos.
La retórica de la revuelta y la revolución, la retórica de Podemos y todos los partidos secesionistas, borra la sencilla y civilizada distinción entre la mera violencia y la llamada violencia legítima. Este estúpido y criminal planteamiento ha sido llevado hasta el grado máximo de estulticia con las declaraciones de Carolina Bescansa, dirigente de Podemos, quien ha dicho que en ningún lugar de las leyes de España está recogido que se prohíba el "derecho de decisión" (secesión), o sea, para esta señora no existe norma alguna que prohíba atentar contra el mayor bien de una comunidad política: la unidad nacional. No perderé ni una línea de esta columna para demostrar lo obvio: el derecho de decisión o autodeterminación es una patraña. Una expresión desgraciada, o peor, una funda para guardar el revolver que llevan escondidos quienes esgrimen a todas horas una retórica de revolución de los años veinte del siglo pasado. No existe tal "derecho de decisión" en sociedades democráticas como la española.
El "derecho de decisión", sí, es solo una fórmula ideológica, o sea, falsa para imponernos a todos los españoles la destrucción de la unidad nacional. Cuando oigan, pues, la expresión derecho de decisión, pónganse en lugar seguro porque inmediatamente llega la violencia brutal, la coacción y el pistolerismo político. Estamos al borde de la destrucción del poco Estado de Derecho que nos queda, pero los gobernantes y, en general, quienes tienen que parar esto, callan. Si las terribles declaraciones de la señora Bescansa no causan pavor entre los ciudadanos, entonces es que estamos peor de lo que pensábamos. Empezamos a ver como normal la absoluta anormalidad: el pistolerismo político. Todo está permitido, porque no hay una ley que diga expresamente que tenemos derecho a destruir la nación. Terrible. Y el problema es que el número de pistoleros políticos crece día a día, sin que nadie haga algo para preservar la paz ciudadana. El pistolerismo político y sus terminales mediáticas están poniendo en evidencia uno de los mayores logros civilizatorios de la política democrática, a saber, el monopolio de los medios de aplicación legítima de la violencia está en manos del Estado.
Sólo hay una opción: o pistolerismo político o monopolio legítimo de la violencia. Pero, cuidado, nadie se confunda: la base sustancial de la autoridad del Estado no reside únicamente en el monopolio de la violencia como un fin en sí mismo.