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Sin democracia, sin moral y sin justicia

Son los jueces, pues, los primeros responsables del estado lamentable de la justicia en España. Y, encima, 300.000 causas están pendientes de sentencia.

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Esto no es una democracia. Estamos en un pudridero político. Durante la Transición española los políticos cometían equivocaciones propias de quien no ha sido educado en la separación de los poderes judicial, legislativo y ejecutivo, pero ahora no sólo se pervierte la separación sino que se acepta su imposibilidad. Es tanto como decir que aquí es imposible el sistema democrático de derechos del mundo occidental. Las declaraciones de Trillo en este punto pasarán a la historia de la infamia democrática: "La composición del CGPJ no es criticable porque debe ser así." Es la confirmación de que esto no es una democracia, basada en un sistema de balances de poderes, sino un "régimen" de derechos más o menos equiparable al del pasado reciente de España. Horror.

La deriva totalitaria del sistema institucional español halla su última muestra en la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial. El proceso mismo de designación de sus componentes contamina de tal modo esta institución que, primero, la hace inviable y, de paso, "justifica" con motivos ideológicos que la profesionalidad judicial es inexistente en España. Sí, sí, los jueces en su conjunto no respetan la ley en tanto en cuanto aceptan un Consejo que no tiene legitimidad profesional sino política; por ese camino, parece evidente que los jueces han renunciado a la tarea de aplicar la ley por lo que significa la propia ley.

El nombramiento del Consejo General del Poder Judicial viene a sancionar, otros dirían a legitimar, este lamentable estado del "poder" judicial, que ha dejado de ser un poder autónomo e independiente, garante de un Estado de Derecho, para convertirse en una administración vicaria en todas sus facetas y en cualquiera de sus ámbitos del poder legislativo y el ejecutivo; la ley ya no es susceptible de una aplicación más o menos similar entre los distintos jueces, sino que es contemplada de un modo radical y absolutamente diferente, y esta es la gran tragedia, entre un juez y otro. La "ley" ya no es nada, en España, si no es dependiente de la ideología del juez de turno.

Muchos son los responsables de esta situación terrible. A primera vista uno puede culpabilizar a los políticos, especialmente a las cúpulas del PSOE y el PP; sin duda alguna, pocos negarán que las citadas declaraciones de Trillo aceptando que la designación de los nuevos miembros del CGPJ ("Es un arreglo político, un apaño poco presentable entre el PP y el PSOE, pero que así son las cosas") responden a ese proceso de deterioro institucional propia de países bárbaros, o sea, prerromanos, donde la ley no tiene carácter universal ni mucho menos "igualitario". El poder normativo del Derecho desaparece. Su lugar es ocupado por un "código de valores" peor que discutible, inexistente. Estamos ante el "Derecho" del más fuerte.

Los políticos, sin embargo, no están solos en este proceso de barbarie. Diversos son los acompañantes en este viaje hacia el país de los salvajes; hay, por ejemplo, profesores y teóricos del Derecho español que no dejan de manifestar, a veces, en un ejercicio de comparación entre el estado de la justicia y la universidad, tan oportunista como demagógico, que nuestra justicia es mejor que la universidad. Este tipo de comparación es una manera inmoral de escapar al juicio, al razonamiento, necesario en todo hombre formado en el Derecho sobre el estado lamentable de la justicia, pero, sobre todo, es una perversidad intelectual que impide hablar con criterio de cualquier ámbito de la cultura y las instituciones sociales. La comparación del estado de la justicia con la universidad, o con el periodismo, o con los fontaneros, etcétera, si no es para la excelencia deriva hacia la perversidad. Malo es comparar el funcionamiento de ámbitos diferentes de la Administración del Estado para salvar a unos y condenar a otros, pero compararlos en sus peores defectos para salvar a uno es renunciar a la existencia de normas propias para enjuiciar la profesionalidad e independencia de los jueces. Es tan fácil decir que la justicia es magnífica comparada con la universidad como demagógica la comparación.

Son, sin embargo, los propios juristas, los cientos de jueces y magistrados, los principales responsables del deterioro de la Justicia, porque juegan a consolidar un sistema perverso de designación del CGPJ, primero; en segundo lugar, porque la mayoría de los jueces no acepta que se presenten los magistrados que lo deseen en listas abiertas para ser votados por todos sus compañeros; y, en fin, porque sus asociaciones de jueces y fiscales, sin apenas parangón democrático y equivalencia intelectual en el mundo occidental, responden antes a criterios políticos, ideológicos y a intereses personales que al sentido de la ley. Pocos son los jueces españoles que, en efecto, se atengan antes al sentido de la ley que a los intereses de sus organizaciones o de sus defensas corporativas.

Dos buenos ejemplos de esta carencia de respeto por la ley son, por un lado, el apoyo –comentado por este cronista aquí hace una semana– recibido por sus compañeros en la Audiencia Nacional de la iniciativa de Garzón sobre los "desaparecidos" de la República y la Guerra Civil a todas luces fuera de cualquier sentido de la justicia y de la ley. Y, por otro lado, no deja de ser escandaloso que España es, seguramente, el único lugar de Europa donde todos sabemos cuál será la sentencia que se dicte en función del juez que nos toque; no se trata de aplicar la ley con un matiz u otro, sino de modo, insisto, radical y absolutamente diferente.

Son los jueces, pues, los primeros responsables del estado lamentable de la justicia en España. Y, encima, 300.000 causas están pendientes de sentencia.

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