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El mito constitucional

A treinta y tres años de su elaboración y aprobación, la Constitución de 1978 es un instrumento a todas luces insuficiente para contener la nación española real.

Tal como está redactada, no ha alcanzado para limitar los efectos de las fuerzas centrípetas disparadas por los partidos soberanistas periféricos –incluido en Partido Socialista de Cataluña–, ni para asegurar una sucesión sensata en la monarquía –con hombres y mujeres en el mismo plano de igualdad que en la sociedad general; por no alcanzar, ni siquiera garantiza que un voto valga lo mismo para el PP, para IU o para CiU.

No obstante, al parecer, las ansiedades que rodearon su elaboración y su aprobación determinaron que se la haya mitificado hasta el punto de ser considerada poco menos que intocable. Hasta ahora. Hasta el momento en que el eje francoalemán dice que hay que tocarla para introducir un artículo que fije un tope al déficit del Estado, que "sólo podrá ser superado en caso de catástrofe o de recesión", es decir, cuando a ellos les parezca, porque alguien habrá de decir cuál es la magnitud de la catástrofe que llevará a superar el techo fijado –Fukushima o Lorca– y cuándo se está en recesión –asunto complicado, a la vista de lo difícil que fue para el aún presidente pronunciar la palabra crisis–. Si la idea de nación es opinable, tanto más lo será el monto del déficit posible.

El profesor Jorge de Esteban ha analizado el problema, desde su sabiduría de catedrático de Derecho Constitucional, en El Mundo del pasado sábado 27 de agosto. Y dice este maestro que, por obra de la pactada modificación del artículo 135 –hecha a demanda de los señores Merkel y Sarkozy–, la Constitución recoge por primera vez nuestra pertenencia a la Unión Europea y nuestra condición de Estado compuesto por comunidades autónomas. Nada menos que esas dos cosas: la prueba del algodón de la obsolescencia de nuestra carta magna.

La verdad es que la reforma del texto fundamental de la ley española no es asunto difícil desde el punto de vista del trámite parlamentario. Ni siquiera cuando se trata de modificar los primeros títulos, aquellos que definen el carácter del Estado. Basta con un acuerdo de dos tercios de las Cámaras, cosa que sin duda reúnen los dos grandes partidos nacionales, aun en sus momentos de mayor miseria. Después, los cambios acordados se someterán a referéndum. El problema, evidentemente, no es de orden técnico: es como casi todo en este terreno, de voluntad política. Es verdad que por una vez Zapatero ha dado el brazo a torcer al proponer como propia una iniciativa que Rajoy había puesto sobre le mesa hace ya tiempo –el que haya sido proposición del PP no la hace mejor ni la dota de una mayor independencia–, pero es que no le queda más remedio: en sus condiciones de sumisión, no cabe hablar de consenso. Sólo de rendición.

Dice el profesor De Esteban, tras glosar el artículo 168, el que da permiso para la reforma, que "el responsable de exigir la legalidad de las comunidades autónomas... no será otro que el Tribunal Constitucional". Y reconoce a continuación que habrá que reformarlo por su grado de politización. La pregunta obligada es: ¿por qué no suprimirlo? Una tras otras, las decisiones de ese tribunal han sido, parafraseando a Zapatero, cuestionadas y cuestionables, desde el viejo asunto de Rumasa. Las funciones que hoy dice cumplir esa instancia podrían perfectamente ser cubiertas por una sala del Tribunal Supremo o por cualquier otro tribunal superior de justicia, como en Estados Unidos. De paso sea dicho, la existencia del Constitucional cuestiona el carácter de última instancia del Supremo.

No obstante, en caso de persistir en la preservación del Constitucional, lo que sí es de rigor es la abolición del actual sistema de elección de miembros del mismo, que lo convierte en una instancia judicial extrajudicial. Me explico: en la medida en que los jueces que componen este tribunal son elegidos por el Congreso, la imparcialidad resulta imposible. El TC no pertenece al Legislativo ni al Ejecutivo, pero tampoco al Judicial, y su composición viene determinada por el equilibrio (o desequilibrio) de fuerzas en el Congreso, pasando a ser una prolongación de la política por otros medios, como la guerra.

Pobre la proposición del Gobierno, con ese aire de inevitable compromiso con los más poderosos que ha caracterizado todos los gestos de Zapatero en los últimos tiempos: ya no es el irresponsable que retiró las tropas de Irak. Es un irresponsable de otra clase: no actúa por propia voluntad, lo hace en contra de su propia naturaleza, aunque su amor al poder es de una intensidad tal que, sin poder hacerlo, nos ha impuesto su presencia hasta noviembre. Como sea.

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