Estados Unidos

John Roberts hacia el Supremo

los unos quieren jueces que sigan con claridad la Constitución; los otros prefieren el relativismo de reinterpretar y leer entre líneas dicho articulado constitucional para alcanzar sus fines políticos

Alberto Acereda

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Columna publicada el 14-09-2005

La gran noticia política en Estados Unidos no es la cumbre de la ONU, ni siquiera los efectos del huracán, sino la apertura de la Comisión Judicial del Senado para la confirmación de John Roberts como nuevo Juez Jefe del Tribunal Supremo. Esto es así porque una de las mayores lacras de todo sistema democrático es la politización del poder judicial. Ningún movimiento ha sido más lesivo para desmontar las bases del buen gobierno democrático que el del activismo judicial: o sea, la actividad sectaria de un juez o jueces para dictar sentencias sobre la base de sus preferencias personales o ideológicas en lugar del honesto seguimiento de la Ley y de la Constitución.

Esta práctica ha sido la contraseña de una turba de jueces que –animados y controlados por agendas políticas contrarias al ideario liberal-conservador- han impuesto en diferentes países sus ideologías particulares ahogando el Estado de Derecho. Tan nefasto activismo judicial deriva en caos, injusticia y paulatino deterioro de las libertades. No hace falta salir de España para comprobar cuanto decimos al hilo de nefarias componendas políticas y de instrucciones tan maltrechas como perjudiciales para la nación y sus ciudadanos. No hay democracia que no haya sufrido esta plaga, fruto de la politización de la justicia.

Estados Unidos no es una excepción. Padece también la miseria de esa oligarquía judicial activista que tergiversa la base de la democracia representativa y que se convierte en una amenaza para las libertades públicas e individuales. Es visible el poder y la autoridad que sobre la sociedad ha adquirido un amplio sector de ese activismo injertado en el poder judicial y que intenta subvertir la Constitución. Es así que el gran temor de la izquierda norteamericana –infiltrada en el Partido Demócrata- es que se ponga solución a todo esto bajo el impulso de la administración Bush y la llegada del juez John Roberts al Tribunal Supremo.

La jubilación de Sandra Day O´Connor y el reciente fallecimiento del Juez Jefe William Rehnquist –recordado aquí con acierto por José Carlos Rodríguez–, permiten ahora a Bush proponer dos nuevos candidatos vitalicios que acaben con el dañino activismo judicial. Dichas nominaciones, basadas en jueces que respeten el fondo y la forma de la Constitución norteamericana, asegurarán el fin de una mayoría de jueces del Supremo inclinados a dictaminar bajo agendas políticas sobre aspectos fundamentales. Nos referimos al derecho a la vida, la eutanasia, la práctica del aborto, la investigación con células madre, el llamado “matrimonio homosexual”, los límites de la acción del Estado en la persecución del terrorismo, la propiedad privada o la raíz judeo-cristiana innata en los documentos de los Padres Fundadores de la Unión, entre otras cuestiones.

En las audiencias para la confirmación de Roberts no están faltando momentos de crispación y permanentes ataques contra este Juez Jefe nominado por Bush. En los primeros días del proceso ya son notables los exabruptos de varios senadores demócratas para desacreditar a Roberts –desde Ted Kennedy a Joe Biden–, a pesar de su claridad expositiva, su defensa de la Constitución y su negativa a dar una interpretación personal o ideológico-política de la Ley. Es ahí donde disienten la derecha republicana y la izquierda demócrata: los unos quieren jueces que sigan con claridad la Constitución; los otros prefieren el relativismo de reinterpretar y leer entre líneas dicho articulado constitucional para alcanzar sus fines políticos.

Roberts destacó la humildad que debe caracterizar a los jueces como servidores de la Ley. Con acertada metáfora deportiva, el nominado por Bush aclaró que los jueces son una especie de árbitros: no hacen las reglas sino que las aplican y su papel es decisivo al velar para que se siga el dictado de la Constitución. Por eso, la labor del juez –como la del árbitro– tiene necesariamente que ser un papel limitado, nunca protagonista, porque nadie va a un partido a ver al árbitro. En España –añadamos– nos hemos acostumbrado lamentablemente a ver malos árbitros y peores jueces. Las consecuencias, ya las conocemos en la paulatina desintegración de la nación española.

Pero en Estados Unidos, contra lo que desearía la izquierda y el Partido Demócrata, Roberts no tiene detrás ninguna plataforma o agenda política, sino tan sólo un compromiso de hacer cumplir la Constitución. La más que probable confirmación de Roberts para dirigir el Supremo significa un paso importante para devolver a esta rama judicial la base de su función: interpretar la Ley y la Constitución, al margen de activismos políticos particulares. La segunda legislatura de Bush vivirá la inclusión de Roberts en el Supremo y la llegada de otro juez también nominado legalmente por Bush –quizá Priscilla Owen–. Si el Senado respalda al presidente, como todo parece indicar, estaremos presenciando el inicio del fin del activismo judicial y la revitalización de la primera democracia mundial –que como todas las otras que la han seguido, incluida la española– necesita de mejores jueces y de menos sectarismo político.

Alberto Acereda es director del Diario de América, periódico de opinión sobre Estados Unidos e Iberoamérica.