La llegada sorpresiva de un centenar de africanos a Tenerife, pasajeros en un viejo pesquero lituano conducido por un grupo de traficantes senegaleses, ha servido para demostrar hasta qué punto la improvisación y la imprevisión dominan la política migratoria del gobierno y de su insólito delegado de la cosa, el Dr. Fernández Miranda.
Los 107 subsaharianos negros deberán ser re-expedidos en los próximos días a la Península con papeles pero sin trabajo ni lugar de acogida: al albur de empresarios mafiosos, instituciones caritativas y ayuntamientos hartos por estos “envíos”.
Es falso como declaró la subdelegada del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife que, tras ser investigados por la Policía, serán expulsados o re-enviados a su país de origen. La señora Merino sabe mejor que nadie hasta qué punto estas bravatas son mentira: el Gobierno español no puede y no quiere expulsar a estos ilegales.
En primer lugar, porque no sabe de qué nacionalidad son ni de dónde proceden, y ellos tampoco van a decírselo a los sagaces policías tinerfeños. Y aunque lo declararan, el Ejecutivo no tiene los instrumentos legales internacionales para re-enviar a esta pobre gente. Ni que decir tiene que la carencia de estos instrumentos y la imposibilidad de lograrlos a medio y largo plazo es responsabilidad del ministerio de Asuntos Exteriores y, en primera instancia, del Delegado para la Inmigración, cuya brillante labor en los últimos meses constituye el asombro de Damasco y otras capitales.
Sólo un país africano firmó con España hace algunos años un Acuerdo de Readmisión que permite el re-envío rápido de aquellas personas que ingresen clandestinamente en territorio nacional: Marruecos. Y el Acuerdo funciona, aunque sea irregularmente. Ningún otro país más al sur de Gibraltar lo hizo, y el anuncio hecho a bombo y platillo por el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, señor Nadal, de que se negociaba con Nigeria un acuerdo semejante fue una fantasía veraniega. Nigeria lo desmintió y nunca más se supo. No hay acuerdo con Nigeria y, según las autoridades nigerianas, no lo habrá tampoco.
Los países de donde proceden los negros que llegan ilegalmente a España son varios: Senegal, Benin, Sierra Leona, Camerún, Gambia, Liberia, Angola, Cabo Verde, Guinea Bissau, Níger, Mali, Mozambique, República Centroafricana, Congo Brazzaville y un largo etcétera. Con todos estos países mantiene España relaciones diplomáticas y en algunos tiene incluso embajada y consulado.
La pregunta obligada es qué ha hecho hasta ahora el Gobierno –y, por tanto, el ministerio de Exteriores, su cuerpo diplomático, sus funcionarios– para convencer a estos Estados de que admitan la readmisión de sus naturales entrados ilegalmente en España. Temo que la respuesta sea breve: nada. Me encantaría equivocarme y enterarme dentro de unos días de que, por ejemplo, Senegal –un país democrático, con el que España tiene relaciones estrechas y amistosas– firmó un acuerdo como el vigente con Marruecos.
Más de dos mil emigrantes negros (o subsaharianos, que es políticamente más correcto) han llegado en los últimos dos años ilegalmente a nuestras costas del sur o de Canarias. Ni uno sólo fue devuelto a su país. En algunos casos, se les amontonó en los campamentos de Ceuta y Melilla y se les trasladó posteriormente a la Península para que se las valieran por sí mismos en un país y una sociedad extraños: sin recursos, formación y unos papeles que serán válidos unos meses y que no les sirven para ser contratados legalmente. A los que llegaron en “pateras” a las costas de Málaga, Cádiz o Almería, los “soltaron” en muchos casos en la carretera o en un autobús con destino incierto. Es fácil verlos en las grandes ciudades y en el campo. Pero para el Gobierno no existen, son invisibles.
En la actualidad, los cálculos más optimistas señalan que hay unos diez mil negros (subsaharianos) intentando sobrevivir en toda la Península y en bastantes casos trapicheando con drogas, prostituyéndose o delinquiendo. La opinión pública lo sabe (y de vez en cuando protesta), el Gobierno lo sabe, las organizaciones humanitarias lo denuncian. Pero todo sigue igual.
La verdad simple y dura es que el Gobierno no sabe qué hacer con esta gente, no tiene el valor de reconocerlo ni de tomar decisiones. No quiere asumir el coste político y social consiguiente.
Por no hacer, ni siquiera intenta movilizar a sus funcionarios para que hagan algo con los países de donde proceden estos infortunados, sondeen las posibilidades de repatriación o asuman un acuerdo sobre contingentes. Nada de nada. Pero las cosas no podrán seguir así indefinidamente. Gobernar es prever. Y en este asunto nadie previó nada y quienes deberían hacerlo se niegan a pechar con las consecuencias de su inconsecuencia.
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