La publicación de cierta información confidencial sobre el bloqueo de la negociación hispano-británica de Gibraltar por el diario “Western Mail” pone de manifiesto algo que muchos sabíamos o suponíamos: las conversaciones sobre el porvenir de la colonia están agotadas y sólo un milagro podría resucitarlas. Por parte británica, nunca hubo voluntad de que estas conversaciones condujeran a un acuerdo razonable y España jamás tragaría carros y carretas en este contencioso para solaz del Reino Unido y su gobierno, por muy buenas relaciones que mantengan Blair y Aznar.
Las tres razones manejadas por el Ejecutivo español para rechazar de plano las pretensiones británicas (carácter coercitivo del referéndum, control británico exclusivo sobre la base y renuncia para siempre a la reivindicación de soberanía plena) eran de cajón y los negociadores británicos sabían que una “línea roja” impediría a cualquier responsable español ceder en estos tres capítulos. Habrá que dar, pues, a la negociación gibraltareña como muerta e insepulta. La pregunta obligada es qué ocurre ahora.
Con o sin soberanía compartida, el Reino Unido tiene un largo trabajo que hacer en Gibraltar y es urgente que empiece. España y la UE deben exigírselo sin paliativos ni demoras. En primer lugar, deberá cumplir con las exigencias fiscales de la UE, pero no sólo. Hay otras reivindicaciones mucho más imperativas relacionadas con asuntos tan delicados como los tráficos ilícitos –Gibraltar sigue siendo la madre de todos los tráficos en el Mediterráneo occidental–, el blanqueo de dinero y otras actividades opacas.
Las cuarenta mil sociedades “off shore” instaladas jurídicamente en la colonia deberán someterse a una fiscalización en profundidad y la legislación local adaptarse a las normas europeas. Obviamente, a todo esto se opone la oligarquía de negocios que dirige la política local y que ha demostrado en los últimos meses contar con una notable capacidad de influencia y manipulación en las altas esferas británicas, políticas, financieras y comerciales.
Dado que las negociaciones hispano-británicas han concluido en la práctica, el Gobierno español deberá ahora aplicar con todo el rigor las normas vigentes. Por ejemplo, tendrá que controlar en la frontera con meticulosidad todo cuanto atraviesa a diario la famosa verja que separa la colonia de La Línea: viajeros y mercancías. No se trata obviamente de tomar represalias contra los habitantes de Gibraltar, que hace apenas unas semanas gritaban cosas tales como “antes muertos que españoles”, sino de cumplir a rajatabla las legislaciones vigentes, españolas y europeas. Es bastante probable que los “llanitos” entiendan un poco mejor algo que tanto Blair como Straw repitieron en los últimos meses y que era de sentido común: la colonia no tiene futuro sin entenderse con España.
La pregunta que inevitablemente surge después es si el Gobierno español actual, y los que vengan, estarán dispuestos a imponer el cumplimiento estricto de esta legislación y aplicarán con rigor las sanciones y medidas adecuadas a los transgresores, tanto en la frontera como en los territorios colindantes. Conviene no olvidar que el núcleo duro de la oligarquía gibraltareña reside habitualmente en las urbanizaciones de lujo próximas al Peñón.
Queda, por último, la asignatura pendiente que en estos días del “Prestige” pudo comprobarse con claridad: la presencia de compañías españolas en la Roca –algunas de ellas petroleras– aprovechando el laxismo fiscal y legal de la colonia. Si el Gobierno español quiere ser coherente con sus acusaciones sobre tráficos ilícitos, prácticas irregulares y chanchullos de todo tipo debe empezar la limpieza en sus cuadras.
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