Todo apunta a que la información publicada por el diario Aujourd’hui le Maroc ayer sobre un hipotético acuerdo entre España y Marruecos para resolver el problema de los casi veinte mil subsaharianos clandestinos que accedieron en los últimos meses a la península o al archipiélago canario desde el territorio marroquí, es una imaginativa invención dirigida a “calentar” el ambiente horas antes de que los ministros del Interior de ambos países se reúnan en Madrid.
En la información, que resume Libertad Digital, hay verdades y mentiras pero la tesis principal –Marruecos aceptará el “nuevo Convenio de Readmisión (repatriación) que modifica el de 1992 a condición de que España financie la repatriación– es incierta.
Sería una locura que el gobierno español aceptara financiar la repatriación de estas personas sin saber muy bien a dónde se dirigen, si permanecerán en Marruecos o serán re-enviados a sus países de origen, que se desconocen porque ellos rechazan aclarar de dónde vienen una vez que pisan territorio español.
El montante de esta “financiación” es imposible de evaluar y Marruecos no adelantó siquiera cifras aproximadas entre otras razones porque el gobierno español no llegó a plantear abiertamente esta eventualidad.
Lo que España defiende es que si estas personas salieron clandestinamente de Marruecos, regresen ordenadamente porque ése es el espíritu del Acuerdo de Readmisión firmado por el entonces ministro del Interior español, José Luis Corcuera y el marroquí, Basri.
La triste realidad es que en su inmensa mayoría los subsaharianos en cuestión se han dispersado en los últimos meses por todo el territorio nacional, malviven en condiciones de clandestinidad a cuenta de ayudas y expedientes y son objeto de todo tipo de abusos y explotaciones. O han atravesado la frontera con Francia también clandestinamente y se hallan en otros países de la UE. España suele ser apenas la primera etapa.
“Rebobinar” ahora esta realidad para ponerle remedio tarde, mal y nunca es simplemente un ardid para no asumir otro asunto incomparablemente más escandaloso e igualmente pendiente: la situación de casi cinco mil menores marroquíes llegados clandestinamente y acogidos por instituciones humanitarias y educativas españolas.
Estos chicos deberían retornar a su país y a su familia, pero hasta ahora el gobierno marroquí ha ofrecido apenas buenas palabras y pomposas declaraciones. Los menores siguen aquí, y todo indica que sobre ese asunto no habrá tampoco solución en el encuentro del miércoles entre Mustafá Sahel y Ángel Acebes.
Sinceramente es muy difícil entender qué quiere y qué ofrece el gobierno marroquí salvo que se trate –es lo más probable– de ganar tiempo. Marruecos culpa a Argelia de promover el tránsito de los subsaharianos por su territorio y de conducirlos después hasta la frontera común –que, por cierto, está cerrada desde 1994– para “desestabilizar socialmente al régimen cherifiano. Y cuando estas gentes llegan a territorio europeo rehúsa readmitirlos salvo que medie una sustanciosa compensación cuyo montante ni está calculado ni se sabe a cuánto puede llegar. La elemental norma moral de no hacer a los amigos lo que no quieras que te hagan a ti los enemigos no funciona en temas migratorios para el gobierno marroquí.
Por muchas policías de emigración y muchos “observatorios” que se invente el régimen marroquí, lo que no se ve por ninguna parte es la voluntad política de acabar con este comercio infame de carne humana a veces mezclada con drogas e incluso con armas.
En las actuales circunstancias hay motivos más que suficientes para ser escéptico sobre los resultados de la reunión que dentro de unas horas celebrarán los ministros del Interior de ambos países. Disimularlo sería irresponsable e inmoral.