La insólita declaración de Fernández Ordóñez, solicitando –o anunciando– la supresión de los beneficios fiscales a los planes de pensiones porque, supuestamente, benefician a las grandes fortunas, es no sólo un globo sonda para hacer creer que este gobierno piensa algo –lo que sea– en relación con la economía. Creo, y me puedo equivocar, que es coherente con el pensamiento político de Fernández Ordóñez, que siempre ha identificado –al menos en muchos de los artículos que le he leído a lo largo de los años– la economía de mercado con la competencia, atribuyendo a la propiedad privada un papel secundario. Lo importante –para él, y que él identifica con el liberalismo y con ser liberal– es la competencia, no la propiedad. Es más, en su planteamiento, el que la propiedad sea pública o privada es irrelevante, aunque su experiencia política como gestor de las grandes crisis industriales de principios de los ochenta, probablemente le ha convencido de que la propiedad pública produce efectos indeseables en la actividad económica, en la medida en que es utilizada por grupos de interés, como los sindicatos, para imponer condiciones monopolísticas en los mercados en los que están presentes.
Y esa misma preocupación por el monopolio es la que, probablemente, es la base de su actual propuesta, que él identifica con la necesidad de poner límites a la concentración de poder que significan los patrimonios familiares importantes, a los que –aunque limitadísimamente– contribuyen los planes de pensiones, al eximir del pago del IRPF, en el caso más extremo, de un total de 11.000 euros anuales, a los más ricos.
Del contraste entre un planteamiento teórico serio –por más que a mí me parezca equivocado– y la limitación de lo que las actuales leyes fiscales reconocen como beneficios fiscales, sólo puede concluirse que arremeter contra las deducciones fiscales de los planes de pensiones, tal y como lo ha hecho Fernández Ordóñez, es un disparate. En España hay 17 millones de ocupados en estos momentos, y cerca de 7 millones de planes de pensiones. Si descontamos los casos de familias en las que trabajan los dos cónyuges, es posible que entre el 30% y el 40% de todos los hogares con personas activas se hayan decidido a ahorrar, para tener una mejor jubilación; que por cierto pagará el correspondiente IRPF cuando se cobre, porque no hay exención a la hora de recibir lo acumulado.
Este no era el planteamiento del programa económico del PSOE, elaborado por Miguel Sebastián, apoyado por Zapatero y aprobado por los órganos directivos del PSOE. El planteamiento oficial era que “bajar los impuestos es progresista”. Era que la complejidad del sistema actual de IRPF podía sustituirse por otro, con un tipo único –o incluso dos, en una versión posterior no desarrollada– en torno al 30% y suprimir, simultáneamente, todas las deducciones: la de la compra de vivienda, la de constitución de planes de pensiones y las correspondientes a otros pequeños beneficios reconocidos a la familia. Un proyecto intelectualmente atractivo, pero políticamente complicado de vender. Un esquema fiscal al que sólo faltaría fijar un mínimo vital exento lo suficientemente alto para que fuera un auténtico proyecto. Con el que yo me identificaría plenamente, aunque lo he criticado en el pasado por creer que, en un sistema con tanta tradición en las deducciones fiscales como el nuestro, el camino más práctico –aunque no el mejor intelectualmente– era probablemente seguir reduciendo los tipos máximos y mínimos, conservando incentivos, incluso para la compra de vivienda, pues, contrariamente a lo que se piensa, su importancia cuantitativa –en deducciones fiscales, alrededor de 3.000 millones de euros anuales–, no es muy grande y contribuye, por otra parte, de una forma desproporcionadamente positiva, al esfuerzo de ahorro a largo plazo que significa comprar una vivienda.
Al margen de cómo se valore el actual precio de la vivienda, resulta que el conjunto de los trabajadores españoles –con todas las diferencias que existen entre ellos, y que son extremas en muchos casos– cuentan, en el momento de su jubilación: 1ª) con la pensión de la seguridad social, 2º) con una vivienda en propiedad en un porcentaje muy alto, lo que constituye un valor movilizable si fuera necesario y 3º) con los planes de pensiones, que tienen cerca de siete millones de ocupados.
El planteamiento de Miguel Sebastián era una propuesta arriesgada, pero más ortodoxa fiscalmente que el actual sistema fiscal con deducciones. La propuesta de Fernández Ordóñez es una traición al programa electoral del PSOE, refleja una consideración muy equivocada sobre el papel de la propiedad privada en una economía de mercado y, a lo peor, manifiesta, simplemente, el temor del responsable de financiar el gasto público a no tener fondos suficientes para atender todos los compromisos electorales –y los postelectorales– del PSOE con sus aliados nacionalistas.