La economía española lleva nueve años seguidos de crecimiento y creación de empleo. Esos fenómenos han generado unos enormes beneficios y una gran capacidad de endeudamiento, que se invirtieron en la adquisición de viviendas –una demanda social que se había ido generando en los años anteriores y que había aumentado todavía más con el incremento del número de empleados–, y en inversiones financieras –acciones, fondos y seguros–, hasta el año 2000. En 2003, se reactivó la demanda de activos financieros, en parte por las rentabilidades esperadas, muy superiores a las de los tipos de interés del dinero, y en parte, también, porque las personas y familias con mayor capacidad de ahorro habían satisfecho su apetencia de activos inmobiliarios.
Este proceso se podría acelerar en 2004, lo que produciría, lógicamente, una subida de las cotizaciones de los valores bursátiles españoles más sólidos, probablemente por encima de la que pueda producirse en otros mercados bursátiles en Europa o incluso en Estados Unidos. Ello se debe a que la generación de ahorro en España es mayor –proporcionalmente– que la de los otros países europeos, ya que estos crecen menos que nosotros, a que nuestro mercado bursátil es más estrecho –más reducido– que esos otros mercados y a que los españoles seguimos invirtiendo sobre todo en lo que conocemos –valores españoles– una parte sustancial de nuestros ahorros, en lugar de diversificar fuera de España. Frente a lo teóricamente recomendable de esta última práctica, nos encontramos, hay que reconocerlo, con los malos resultados que ha dado en el periodo 2000-2003.