Al margen de lo incomprensible que resulta, empresarialmente, una OPA de una sociedad –Gas Natural– con su consejo y accionistas radicalmente divididos, del hecho de que el precio ofrecido, 17 euros, –pagado en su mayoría con acciones que han perdido una parte importante de su valor– sea reducido en relación con la actual cotización de Iberdrola, de la falta de apoyos dentro de la propia Iberdrola, de las posibles influencias o interferencias políticas; al margen, también, del posible deseo de La Caixa de catalanizar la sociedad resultante o de “autonomizarla” de acuerdo con la BBK, creo que merece la pena entrar a hacer otras consideraciones.
Lo primero es que todas las compañías eléctricas españolas, y también Gas Natural, consideran que no tienen tamaño suficiente para afrontar las inversiones que tienen previsto realizar en un futuro, para –en unos casos más que en otros– hacer frente a su deuda, en concordancia con las actuales exigencias del mercado, y para ser capaces de competir en el mercado; mercado liberalizado desde el punto de vista de una parte considerable de los consumidores, pero totalmente intervenido, con precios máximos, con enormes disparidades en las tarifas aplicables a determinados sectores protegidos, o en el precio que se ven obligados a pagar por suministros de carbón nacional, o por la obligación de comprar, para después comercializar a las tarifas máximas aprobadas, suministros de energía de costes exorbitantes, como la eólica o la procedente de minicentrales.
La situación no es la que llevó a la quiebra a las principales empresas californianas, pero se aproxima, en cuanto que los precios máximos finales de venta a los distintos grupos de consumidores están fijados en el Boletín Oficial del Estado y los costes de producción son variables, pero dependiendo, en el margen, del precio del gas natural, ligado, indefectiblemente, por ahora, al del petróleo. En este contexto, no es inverosímil que se presente un escenario en el que los generadores de energía –las compañías eléctricas, para entendernos– decidieran no poner en marcha las nuevas –y futuras– plantas de generación de energía movidas por gas natural, porque no les cubrieran, siquiera, los costes variables –aunque siempre tendrían que amortizarlas. El panorama podría llegar a ser caótico, porque, prácticamente, el cien por cien del enorme incremento de capacidad de generación de nueva energía eléctrica prevista, descansa en los ciclos combinados, es decir, en el gas natural.
Desde este punto de vista, a una compañía especializada en generación de energía eléctrica le debería interesar el acuerdo con otra que lo que tiene es contratos a largo plazo de suministro de gas natural, a un precio quizá diferenciado del mercado spot (precio de contado), y, recíprocamente, a ésta le debería interesar un acuerdo con uno de los grandes, y estable, demandantes de gas natural.
Otra consideración general debería ser aceptar que el conjunto del mercado de generación y distribución de energía eléctrica es monopolístico u oligopolístico y que va a continuar siéndolo. Si esto fuera así –y lo es, en mi opinión– el gran argumento del Gobierno para frenar las fusiones de empresas en ese sector no tiene consistencia. Nunca podrá haber auténtica competencia, y la presencia del regulador será ineludible. En la práctica eso es lo que ocurre y el mercado de electricidad teóricamente liberalizado está enormemente intervenido en todas sus fases (excepto en comercialización). Sería posible la competencia en un futuro, cuando los intercambios de energía eléctrica con Francia se multipliquen por tres o por cuatro, pero no antes. También, en teoría, cuando con la importación de gas natural se produzca una proporción considerable de energía eléctrica, pero ya hemos visto que la combinación de altos precios del petróleo –y del gas– con precios máximos a los consumidores desvirtúan esta posibilidad.
El gobierno se ha opuesto en el pasado a las fusiones ente Unión Fenosa e Hidrocantábrico y a la de Endesa con Iberdrola y, también, a la de Gas Natural con Iberdrola, promovida por Repsol. En todos los casos, el razonamiento fue que una disminución del número de compañías afectaba a la competencia y, en definitiva, a los consumidores. Argumentos poco sólidos en un mercado oligopolista con intervención continua de precios. Y los efectos de la negativa del gobierno no han sido nimios. Hidrocantábrico quedó descabezada, hasta que cayó en manos de EDF; Iberdrola ha seguido constituyendo un objetivo opable para las compañías con suficientes fondos propios y Endesa ha tenido que afrontar en solitario las dificultades de sus grandes inversiones en Iberoamérica; lo mismo que Repsol YPF.
La posibilidad de una inspiración política en la actual OPA de Gas Natural e Iberdrola enturbia enormemente una propuesta que, desde el punto de vista empresarial, e incluso de mercado y competencia, tiene lógica. Hay un problema de tamaño que se ha tardado demasiado en abordar.
En Libre Mercado
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