Reproducimos a continuación la segunda entrega de un artículo escrito por Alberto Recarte para Libertad Digital La deriva populista de las autonomías. El trabajo completo consta de los siguientes capítulos:
- Gasto y nada más que gasto
- Dependiendo de un Gobierno sectario
- Los gobiernos regionales no aumentan el crecimiento
5. La dependencia fiscal autonómica y el sectarismo del Gobierno nacional
Es una paradoja que en un "Estado de las autonomías", en las que éstas gastan cada vez más y la Administración central tiene cada vez un menor porcentaje del gasto total, que la dependencia fiscal de las autonomías sea la misma, o incluso que crezca con el paso del tiempo, pues el Gobierno nacional puede intervenir en el reparto de fondos entre ellas, falseando lo que se supone es el ámbito competencial transferido. Transferir más fondos para gastos ineficientes puede que incremente el poder de los líderes de las autonomías agraciadas en el reparto, pero también acentúa los impulsos a los comportamientos irresponsables y centrifugadores de las clases políticas regionales. La forma en que se financia el Estado de las autonomías provoca efectos negativos sobre la cohesión nacional, que son más evidentes ahora porque las competencias transferidas son mayores y, simultáneamente, nos encontramos con una situación de debilidad y sectarismo en el Gobierno nacional, que se traduce en un reparto de fondos nacionales entre autonomías por intereses de partido.
Con este tipo de financiación, cuantas más competencias tienen las autonomías, más dependientes son del poder central. Esta situación de dependencia la aprovechan los gobiernos nacionales sectarios, como el actual de Rodríguez Zapatero, para favorecer o castigar a los afines o contrarios políticamente. Concretamente, el actual Gobierno aprobó una partida extraordinaria, entre 2.000 y 3.000 millones de euros, para saldar una supuesta deuda histórica con Andalucía. Y se ha comprometido con Cataluña para invertir más allí, esté o no justificado, para pagar el apoyo de los nacionalistas catalanes. En cambio, no ha invertido nada en Madrid y ha puesto trabas a las inversiones en infraestructuras que ha realizado esta Comunidad con fondos propios, con el objeto de dificultar su desarrollo y, sobre todo, empañar la buena imagen de los políticos autonómicos del PP. También ha paralizado el trasvase del Ebro, para satisfacer el nacionalismo y el localismo de aragoneses y catalanes y, de paso, castigar a valencianos, murcianos y almerienses, que cometen el pecado de votarles poco.
Estas políticas económicas discriminatorias entre autonomías por parte del Gobierno nacional, sin embargo, se convierten muchas veces en obstáculos insuperables para el desarrollo de las regiones que más dinero reciben y menos reformas hacen, por más que sean rentables políticamente. En concreto, los mayores fondos pueden utilizarse para pagar un mayor número de funcionarios autonómicos de los necesarios. Lo que ocurre en Extremadura, que sí que vota socialista, y que ha incrementado el número de los empleados públicos, contratados sin oposición, hasta el punto que suponen más del 22% del total de los ocupados en esta región, frente al 13% del conjunto de España. Y la financiación del PER, que sigue vivo en ambas autonomías, es una forma de subvencionar la parálisis económica. Ambas políticas de gasto logran lo que persiguen, sometimiento político y dinero fácil, pero a cambio de estancamiento económico. Crean empleo artificial y limitan tanto la necesaria emigración a otras zonas en las que sí pudiera haber trabajo como las inversiones en nuevas industrias o servicios, porque ninguna empresa puede competir con niveles salariales artificialmente altos y que ni siquiera requieren presentarse a trabajar. Si en Andalucía ha aumentado el voto del PP es, en parte, al margen de su defensa de la Constitución, porque hay muchas zonas, como Almería, Málaga, Cádiz y Huelva, que viven hoy más de una agricultura moderna y del turismo que de las subvenciones públicas desincentivadoras del trabajo.
La última decisión económica sectaria puesta en marcha por el Gobierno nacional, que afecta gravemente a los ingresos –y gastos– de las autonomías, es no reconocer su población de hecho, sobre la base de poner obstáculos para identificar a la población de derecho en las autonomías gobernadas por el PP, que es donde más ha aumentado la población. El caso de la de Madrid es paradigmático, pues se ha utilizado el antiguamente respetado INE para esta sucia tarea. La razón es económica, pues las transferencias de la Administración central a las autonomías dependen en parte, como se ha señalado anteriormente, de la población. Aquellas donde aumenta la población se encuentran con mayores gastos en educación, sanidad y gastos sociales de todo tipo y, si son del PP, sin ingresos adicionales para atenderlos.