El pasado martes, el periódico Expansión publicó un artículo de Juan Urrutia, un nacionalista del PNV, en el que, confusamente, arteramente, se abogaba por la ruptura de España. Hasta aquí, nada extraordinario, pues su autor fue consejero de Educación en el gobierno de Garaicoechea, y como tal colaboró para discriminar y perseguir a los no nacionalistas. La tesis del artículo, la defensa de la secesión del País Vasco, utiliza argumentos falsificados, que justificarían la ruptura de España en aras de la flexibilidad económica necesaria en un mundo globalizado.
Pero lo verdaderamente llamativo es que Urrutia firma como presidente del consejo editorial de Expansión, un cargo al que creíamos que había renunciado –o forzado a dimitir– cuando fue imputado como consejero del antiguo BBV por haberse aprovechado de su posición para autoconcederse una pensión ilegal con dinero negro de la entidad. Es, de hecho, el único consejero que continúa procesado, porque no pudo alegar desconocimiento –que sí era real en el resto de los consejeros– pues, en su caso, desvió ese dinero a otra cuenta de su propiedad.
Llevamos cuatro años hablando de la necesidad de transparencia y ética en las empresas, para evitar la repetición de casos como el de Enron, el antiguo BBV y, ahora, el de Parmalat. Y, lógicamente, Expansión, el diario económico de mayor difusión, que cuenta con un excelente grupo de profesionales a su cabeza, se ha distinguido en esas demandas. Y resulta que Urrutia sigue presidiendo su consejo editorial. Incomprensible.