Hace ya cuatro meses que vivimos rodeados del caso Gescartera y todavía no he sido capaz de opinar por escrito sobre el tema, en parte por considerar que no había elementos de juicio suficientes y, en parte, por el rechazo que me produce sumarme a los que dan tal importancia al fraude que creen que el descubrimiento de la estafa es un hecho fundamental que pone en juicio el deseo de regeneración ética predicado por el PP cuando estaba en la oposición, o a los que utilizan la estafa para defender a una determinada familia del PP en detrimento de las otras, o a los que llevan al extremo las responsabilidades políticas con fines puramente electorales. Sin embargo, tras haber escuchado a una parte considerable de las personas responsables por acción u omisión en la gestación de la estafa –aunque queda la fundamental investigación judicial y la determinación de la cuantía y propietarios del dinero negro invertido a través de la Gescartera– es posible emitir una opinión desde un punto de vista político y económico.
1. El PP había ido perdiendo impulso regenerador en la medida que ejercía el poder. La decisión de convertirse en un partido de centro ocultaba la más profunda de eliminar elementos ideológicos que pudieran llevar al rechazo del electorado de centro- izquierda y el deseo de perpetuarse en el poder. Esta pérdida de valores era especialmente visible en el terreno socioeconómico. La utilización de Telefónica, empresa pública en ese momento, para contrarestar el poder mediático de PRISA conseguido, en gran parte, por la connivencia con el socialismo en el poder, es un buen ejemplo de lo que digo. Y es posible que este hecho haya frenado la investigación por parte de la CNMV de la compra de Endemol al precio de más de 800.000 millones de pesetas. Un sobreprecio de más de 500.000 millones –a la vista de lo que Pearson no quiso pagar por la compañía– que ha beneficiado a los accionistas de Endemol, o a los que especularon con el valor, o a los que fueron accionistas en algún momento del proceso. El mayor escándalo, cuantitativo al menos, de la democracia, no ha sido investigado.
La corrupción mediática no termina aquí. El gobierno ha escogido el sistema de concursos para la adjudicación de licencias de radio y televisión, en lugar del de subastas, con ampliación simultánea al máximo técnico posible de las frecuencias utilizables. Este sistema arbitrario se ha extendido a las autonomías que, en general, han tenido un comportamiento todavía más deplorable que el del poder central.
2. Sin embargo, el PP en el poder ha hecho lo más difícil. Ha privatizado la mayoría de las empresas públicas –la no liberalización de algunos sectores es otro asunto diferente-, ha rebajado los impuestos y ha disminuido el gasto público hasta el 40% del PIB. Una forma decisiva de autolimitarse y de impedir la corrupción. En este sentido nada aleja más al PP del PSOE que esta forma de renunciar al ejercicio arbitrario del poder.
3. Entre el conjunto de entidades financieras, de Bolsa y bancarias que operan en España, Gescartera tenía una actividad y un volumen de mínima importancia.
4. Una estafa de 18.000 millones de pesetas –contabilizados hasta ahora– es una gran estafa, que obliga a analizar el conjunto de disposiciones legales que afectan a este tipo de sociedades y a la actuación de los organismos de control, privados y externos, como las auditorías; y públicos e internos, como la CNMV, que lo han permitido. Lo más grave del caso es que se trata de una estafa continuada –al menos de cuatro años– sin que las sospechas fueran determinantes o los datos suficientemente claros como para forzar a tomar medidas, excepto la intervención final.
5. Es evidente que las disposiciones legales no han sido suficientes para detectar la profundidad del problema, y que esta falta hay que achacarla más a la falta de control de las sociedades de cartera que a las agencias de valores.
6. A ningún organismo regulador con amplísimos poderes discrecionales –como la CNMV y el Banco de España– le gusta llegar al extremo de la intervención, porque ese hecho pone de manifiesto un evidente fracaso en la prevención. Y porque es su obligación cuidar que hechos de esa naturaleza no dañen la imagen del país frente a los inversores externos e internos. Por ello se afanan en buscar soluciones que permitan la recapitalización de las entidades en pérdida o la entrada de nuevos accionistas con fondos suficientes, como sin duda se pretendía con la ONCE y seleccionando gestores capaces de afrontar situaciones de este tipo.
7. En el caso Gescartera, la actuación de la CNMV ha sido deplorable. Ni los servicios de inspección ni el consejo han estado a la altura de las circunstancias. Se ha puesto de manifiesto tanto la falta de profesionalidad de los inspectores, que nunca se atrevieron a hacer constar por escrito, con claridad, su opinión, como la catástrofe de un consejo de administración mal presidido y peor “secretariado”, con actas irrelevantes –para salvar la responsabilidad de los administradores, en caso necesario– y dividido profundamente que, sin embargo, se aunaban, ante posibles casos de este tipo, precisamente para evitar que terceros tuvieran información suficiente para indagar sobre las situaciones más delicadas.
Desde un punto de vista general, tanto la actuación del consejo como de la inspección reflejan, en buena medida, la falta de tradición de este organismo en nuestro entramado de instituciones. Y quizá haya sido mejor que una de las primeras estafas no detectadas a tiempo haya sido el caso Gescartera, que no otra que por su tamaño e importancia pudiera poner a prueba la confianza del conjunto de los ahorradores en las entidades que canalizan el grueso del ahorro.
8. El caso se complica por ser presidenta de Gescartera Pilar Giménez-Reyna, hermana del ex-Secretario de Estado de Hacienda, quien, sin duda, intervino para mejorar y avalar las relaciones de Gescartera con los órganos rectores de la CNMV, una actuación que sin duda influyó en el tamaño, extensión y continuidad de la estafa, cada vez mayor, hasta el momento de la intervención. Y está por ver que las responsabilidades del ex-Secretario de Estado de Hacienda no fueran mayores, dada su antigua relación con Camacho. Otro indicio inculpatorio es la utilización de Gescartera para hacer operaciones bursátiles, personales y familiares, impropias de alguien que ocupa un puesto de enorme influencia en la Administración del Estado.
La dimisión, voluntaria o forzada, de Enrique Giménez-Reyna, debería poner límite a la responsabilidad política en el ministerio de Hacienda, porque el comportamiento irregular de éste no se produjo en el desempeño de su cargo –hasta donde sabemos la Agencia Tributaria no ha estado implicada, haciendo la vista gorda o contribuyendo al manejo de dinero negro– sino en la utilización de su influencia sobre los órganos rectores de la CNMV.
9. Los órganos rectores de la CNMV son absolutamente responsables por haber tardado demasiado tiempo en intervenir Gescartera. La responsabilidad parece obviamente más grave en los casos en que ha habido regalos de por medio, caso de Ramallo, o relaciones familiares, caso de Antonio Alonso Ureba, secretario de la CNMV, con su hermano Alberto, asesor legal de Gescartera. Pero también en el caso del presidente Fernández Armesto, que consiente que un grupo de consejeros le veten una pretendida intervención, sin reflejarlo en acta ni dimitir. El caso de Pilar Valiente es todavía de más difícil defensa, porque como consejera, primero, y presidenta, después, tiene que demostrar que no se dejó influir por Enrique Giménez-Reyna en su toma de posición contraria a la intervención, que provocó que un agujero de 4.000 millones de pesetas en 1999 se transformara en otro de 18.000 millones el año en curso.
Sin embargo, al igual que un comportamiento irregular en el desempeño de su cargo de Secretario de Estado de Hacienda, debería recaer en el responsable político inmediatamente superior, el ministro de Hacienda –lo que no es el caso, por lo que sabemos– un mal comportamiento de toda la CNMV es achacable directamente a sus órganos rectores, no a quien nombró dichos cargos, pues en su desempeño la CNMV es un organismo autónomo, que no depende funcionalmente del Ministerio de Economía. Si cualquiera de los consejeros que pertenecen al Consejo de la CNMV por razón de su cargo –el director general del Tesoro, el subgobernador del Banco de España– hubiera recibido instrucciones del ministro de Economía sería una irregularidad. E igualmente sería irregular que los nombrados por el gobierno directamente, como personas de reconocido prestigio, hubieran consultado con quién los nombró.
La responsabilidad, en todos los casos, termina en la CNMV. Excepto naturalmente que haya habido instrucciones políticas, algo que hoy por hoy nadie ha podido demostrar.
Lo que queda comprometido, a la vista del comportamiento de los consejeros y los presidentes de la CNMV, es el buen juicio de quien hizo los correspondientes nombramientos, que obviamente recayeron en personas sin la suficiente solvencia. Pero se trata no de una responsabilidad política, sino de una demostración de falta de capacidad para enjuiciar la actuación de personas en las que se delegan enormes parcelas de poder sin instancias posteriores a las que recurrir.
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