En su permanente campaña de rectificación de posiciones, declaraciones y errores, el PSOE ha pasado de asegurar que nunca volvería a intervenir en los procesos de nombramientos de presidentes de compañías privatizadas, a descalificar a todos, para después propiciar cambios, como el de Repsol que, aunque justificado empresarialmente –en una opinión que mantengo desde hace años–, auguran, desgraciadamente, la continuación de una política de intervención en la gestión empresarial privada.
Y a ello le ayudan reportajes como el de Expansión, el diario económico de mayor tirada en España, que hace unos días nos sorprendió con una entrevista interminable a Juan Villalonga, el anterior presidente de Telefónica. Más sorprendente por el continente que por el contenido. Que Expansión, sin acotaciones, entregara sus páginas a Villalonga, para que desgranara insensateces y afirmaciones sin fundamento es inconcebible. Es cierto que Expansión ha rectificado, y el pasado jueves, 4 de noviembre, publicó un artículo de uno de sus redactores comentando y criticando algunas de las afirmaciones de un personaje que, con pocas dudas, habría terminado –dejado a su libre albedrío– por introducir plenamente a Telefónica en la burbuja tecnológica, que estalló poco después de su despido, y que habría conducido a la empresa a una situación de quiebra, parecida a la de KPN, con quien pretendía fusionarse.
En la tradición de amiguismo de la política española, su nombramiento fue un caso extremo, dada su falta de preparación y experiencia. Aunque también su expulsión fue rápida, no sin antes conseguir una gran fortuna personal por sus escasos años de gestión, a pesar de su actuación desastrosa.
El pasado mes de agosto, el vicepresidente económico hizo una descalificación global de los gestores nombrados por los respectivos consejos de administración de empresas que se habían privatizado durante las años de gobierno del PP; aunque, en su falta de matices, englobaba a los de todas las empresas, incluso las de capital público que, en la mejor de las tradiciones del PSOE, ya han sido sustituidos; por más que muchos de ellos fueran de una capacidad profesional intachable. Y, sin embargo, no se refirió a Villalonga, un caso claro de favoritismo; pero no lo hizo porque el mismo poder político que lo nombró lo destituyó.
Un caso bien distinto es el de Alfonso Cortina –recientemente dimitido de Repsol YPF para aceptar, asombrosamente, un puesto de menor cuantía en el mismo grupo–, que también llegó a la presidencia de la empresa no por su militancia política, sino por ser amigo de Rodrigo Rato, aunque con una larga experiencia empresarial, y que ha sido un buen ejecutivo; en todo, menos en la decisión más estratégica para Repsol, la que supuso fiarse de Menem y Cavallo y fusionarse con YPF y, de paso, con el estado argentino, un país en disolución, por corrupción de las sucesivas hornadas de políticos que han ocupado el poder desde tiempos de Perón. Una decisión de ese calibre debería haberse saldado con su salida de la empresa, acompañando a De la Rúa.
Tanto Villalonga como Cortina fueron nombrados por sus relaciones personales, ni siquiera por su peso o influencia política y, lo más importante, ninguno representaba a los accionistas dueños de sus respectivas empresas. Ninguno ha hecho una buena gestión, aunque nada tiene que ver el error de cultura empresarial de Cortina, con la soberbia y el afán de riqueza de Villalonga.
Los ahorradores españoles, a los que el gobierno anima para que inviertan en algo diferente al ladrillo, tienen derecho a que no se intervenga políticamente en empresas en las que han invertido su dinero. Tienen derecho a que los cambios en los equipos directivos se hagan por razones empresariales, y por los representantes de los accionistas en los respectivos consejos. Tienen derecho a tener, definitivamente, alternativas de inversión. El PSOE tiene, nuevamente, otra oportunidad para rectificar.